El conflicto que dura ya más de 50 años, afecta no solo a Colombia sino a toda América Latina. Por eso la región ha mirado con anhelo los diálogos de paz que se cumplen en La Habana, con la esperanza de que conduzcan a cambios profundos en las condiciones socioeconómicas de ese país, poderoso por su extensión y su pueblo, al que pertenecen figuras fundamentales, como García Márquez, Mutis, Botero y tantos otros exponentes de la cultura.
Tanto el Gobierno como las FARC han recogido el clamor de una ciudadanía golpeada por la violencia, el narcotráfico y las duras condiciones de vida para amplios segmentos de la población que, desatendidos de los poderes nacionales y locales, arrastran una existencia signada por el miedo y la pobreza, especialmente en las zonas rurales. Por ello el avance de las conversaciones en Cuba resulta vital para el futuro colombiano.
Hay sectores que han lucrado con el tráfico de armas y drogas, que sienten que la culminación feliz del proceso de paz perjudicaría sus intereses.Lamentablemente no todos piensan en los beneficios de la pacificación consensuada. Hay sectores que han lucrado con el tráfico de armas y drogas, que sienten que la culminación feliz del proceso perjudicaría sus intereses. Por ello ponen en jaque, cada vez que pueden, el rumbo de esos encuentros. Esto se visibiliza ahora, por ejemplo, con la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a quien la máxima autoridad judicial pretende despojar de un sitial obtenido democráticamente, condenándolo -además- a no participar en política por 15 años. Las razones aducidas no merecen sino desdén: quien así lo decreta es, según voceros de ese país, parte del Gobierno anterior, cuyo jefe es enemigo declarado de la concertación y del acuerdo reconciliador.
La lectura del atropello es clara: “Es inútil firmar la paz. Si lo hacemos, igual nos eliminarán -como ya sucedió con los miembros de Polo Patriótico, 5.000 de los cuales fueron asesinados planificada y metódicamente-. El único camino que nos queda es la guerra y en ella seguiremos, aunque ello suponga que la sociedad entera tiemble ante atentados, secuestros y una violencia que quizás lleve hasta a una intervención extranjera, muy posible con la presencia de bases militares en el país”. También forma parte de la conspiración contra el presidente Santos y su posible reelección.
En este contexto, los sudamericanos debemos condenar en forma vigorosa el desvergonzado ataque a un alcalde progresista, a quien por “atentar contra la propiedad privada y libre empresa”, se pretende destruir, junto a toda posibilidad de paz y entendimiento.