Un fin primordial de la integración consiste en generar mejoramiento persistente del nivel de vida de los pueblos, es decir, los ciudadanos deben recibir beneficios de esos procesos. En el mundo, la condición de ciudadano ha derivado en discriminación a los extranjeros y limitación de derechos, por ejemplo, elegir y ser elegido.
Por esto, en la Unión Europea, con la creación previa de ciertas condiciones se avanzó pragmáticamente en la definición y aplicación del concepto de “ciudadanía europea”: quien es ciudadano de un Estado miembro, también lo es de la Unión. La globalización exige avances de este tipo, pero en Latinoamérica aún queda mucho por recorrer.
La Comunidad Andina (CAN) es el proceso de integración más avanzado de la región, no hay otro igual; para fortalecer la situación de los ciudadanos de los estados miembros en el mercado integrado se debe fijar bases para concebir una ciudadanía de otra dimensión, resulta así forzoso fortalecer la libre movilidad entre los territorios de los países y consolidar la libertad de establecimiento, para que un ciudadano de un estado miembro pueda hacer realidad su proyecto de vida en otro país miembro, sin ser discriminado por el origen.
Desplazarse libremente entre territorios de los estados miembros, sin requerir visa ni pasaporte ya es factible en la CAN; no pasa lo mismo con el libre establecimiento, inviable por ahora porque para ello se requieren condiciones como: integración de los sistemas de seguridad social, incluido cotizaciones y beneficios; eliminación de la posibilidad de dobles o múltiples tributaciones sobre la renta ganada en distintos países; reconocimiento y homologación de títulos extranjeros; gozar de derechos políticos comunes. Impulsar desde instancias estatales y supranacionales la concreción de estos logros ayudaría a construir la noción de ciudadano más allá del Estado nacional, y a combatir la discriminación por el país de origen. (O)