Dicen que el Ecuador es un estado de derechos y justicia. Yo también lo digo, aunque a veces me cueste comerme ese cuento. En palabras sencillas, ser un estado de derechos y justicia significa que todas las personas se someterán a lo dicte la norma. ¿Habría alguien tan temerario como para no cumpir con órdenes directas de la Ley?
Para algunos ostentadores de poder, seguro que les agradaría más que no todos estén sometidos a las leyes que se promulgan. Perdón, creo que he usado el verbo agradaría, como si fuera una situación hipotética. Decir que a Saquicela le agradaría, es hacer parecer que, hipotéticamente, el señor presidente de la Asamblea Nacional, desobedecería la Ley. Me disculpo porque no es correctod desmerecer la osadía del señor, que se atrevió a hacer bolita una sentencia constitucional y la tirarla a la basura.
Hablo de la sentencia de acción de protección que le ordenó a la Asamblea Nacional no posesionar a Raúl Gonzáles como Superintendente de Bancos. Los Asamblístas trajeron la sentencia a la agenda del pleno de la Asamblea, argumentaron que no hay que hacer caso a la sentencia y así votaron. Se ríen de la justicia, de los jueces, de los abogados, de la constitución, de la ley. Se rién de la gente que respeta las normas. Mientras ríen a carcajadas, se ven a ellos mismos como intocables. Se creen estar por encima del bien y el mal. Creo que nunca antes había visto una tiranía que decidiera por mayoría. Generalmente los tiranos son singulares y están ebrios de poder. Pero esto es Ecuador, y somos tan diversos en corrupción como el Yasuní en biodiversidad.
En todo caso, ni Saquicela ni la Asamblea Nacional son los únicos que han dicho que la ley o las sentencias no sirven para nada. Días antes esta misma semana vimos cómo el presidente del CPCCS advertía que no haría caso a una sentencia de medidas cautelares constitucionales. Por suerte para él, esas medidas cautelares fueron revocadas. El propio Presidente de la República guardó silencio cuando el SNAI dijo que no acataría la sentencia de Habeas Corpus con efectos extensivos a favor de Glas y Salcedo. Al menos por ahora, sólo el parlamento se ha tomado el atrevimiento de practicar el desacato.
Muchos pensarán que es un problema de aquellos que se pelean por el poder. No es así. En realidad esos cargos están directamente relacionados con actividades de interés público, ya que están interconectados con el tráfico de drogas, el lavado de activos, la corrupción en los hospitales y los negocios petroleros. El Superintendente de Bancos es un eslabón más en la larga cadena de corruptos que juegan su papel clave para permitir o no que continúe el desfalco.
Me llama la atención como al que más, que el Consejo de la Judicatura no se haya pronunciado sobre las atrocidades jurídicas que hemos visto los últimos días. Se supone que fue creado para controlar la corrupción en el poder judicial, pero no se nota.
Si Diana Salazar al mando de la fiscalía también mira para otro lado, y no se propone hacer respetar la Ley, entonces ya podríamos declararnos una completa anarquía. Cada quien hace lo que le da la gana y el estado de derechos y justicia lo dejamos para el primer mundo. Imagínate vivir en Suiza y perderte este circo.