Durante la segunda semana de marzo del 2017, la administración de Donald Trump reveló detalles sobre su propuesta de presupuesto nacional. Entre los cambios significativos en este nuevo paquete presupuestario se incluye la reducción de una cuarta parte (US$2.6 billones) del gasto de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), para un presupuesto de US$5.7 billones para el 2018. Este recorte presupuestario puede traducirse en 3,200 puestos de trabajo menos. ¿Cómo podría este prepuesto ser gastado? Echemos una mirada a América Latina.
América Latina no sólo tiene la reserva de tierras cultivables más grande del planeta, también se encuentra amenazada por los principales desafíos que representa el cambio climático. Estos efectos se manifiestan de diferentes formas que van desde la modificación de las zonas agrícolas hasta el resurgimiento de enfermedades que se consideraban erradicadas. Tradicionalmente, América Latina se conoce como una de las regiones más vulnerables a los huracanes, representando esto un alto precio para sus economías en términos de infraestructura y rendimiento de los cultivos afectados. La otra mala noticia es que las condiciones generadas por el cambio climático, pronostican una mayor cantidad de huracanes en los próximos años, pero también aumento de sequía en una región que cuenta con una extensión de 576 millones de hectáreas.
La región de América Latina tiene un enorme potencial para aportar soluciones globales en materia alimentaria, esto considerando la extensión de sus terrenos. En otras palabras, Latinoamérica es la garantía para la seguridad alimentaria del mundo, ya que cuenta con un tercio de los recursos de agua dulce del globo terráqueo y una cuarta parte del terreno agrícola del planeta, convirtiéndose en la región del mundo que más exporta alimentos en términos netos. Esto ha sido explicado de manera detallada en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado “Como América Latina puede alimentar al mundo: Un llamado a la acción para afrontar desafíos y generar soluciones”.
A continuación presentaremos las acciones concretas que están haciendo cinco países latinoamericanos para mitigar los efectos del cambio climático, por medio de la implementación de políticas ambientales, la manifestación de voluntad política y el comprometimiento humanitario para reducir estos efectos:
Colombia: Luego de años de conflictos, Colombia está decidida a lograr la paz y se ha comprometido en combinar este proceso posconflicto con iniciativas enfocadas en el crecimiento verde y el desarrollo rural sostenible para generar oportunidades laborales.
El lanzamiento del Proyecto de Nación conocido como Colombia 2030: Sostenible y en Paz, tiene un horizonte de implementación de 15 años con un financiamiento de US$1.9 mil millones. Este proyecto tiene contemplado abordar los temas de cambio climático, desarrollo de los campos, sostenibilidad y desigualdad social producto de los años de conflicto. Colombia ya contaba con un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, iniciado en el 2011. En el 2013 Colombia se comprometió a cero deforestaciones de la Amazonia para el 2020, representando un 40 % de su territorio. Como medida, aumentó a casi 3 millones de hectáreas el Parque Nacional Natural Sierra de Chiribiquete, un área del tamaño de Bélgica.
El 5 de febrero del 2016, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en su visita a Washington afirmó que “hay una oportunidad de oro en Colombia, que sin deforestar podemos poner a producir en forma sostenible…. En 15 años el mundo estará buscando alimentos por todos lados debido a la población, Colombia está preparada”.
Costa Rica: ¿Cómo logra Costa Rica producir toda su electricidad de forma limpia? La respuesta es simple, aprovecha las lluvias y continua trabajando para que su matriz energética sea totalmente limpia para el 2021. Costa Rica está cerca de convertirse en la primera nación latinoamericana sostenida en su totalidad por energía renovable. Cada vez recurre menos al uso de hidrocarburos para alimentar la red energética del país.
Otra iniciativa, es destinar el 5% de los impuestos a los combustibles, para manejo ambiental y reparación de caminos, logrando aumentar la cobertura forestal de un 30 % a un 40 % en tan sólo el año de 1997.
Además, Costa Rica ha creado una moneda de carácter ambiental, denominada Certificado de Carbono (CTO), como un medio para tranzar entre países, toneladas de gases de efecto invernadero, expresado en unidades equivalentes de carbono no emitido.
México: La nación azteca se ha planteado sus metas a corto plazo a través de su Programa Especial de Cambio Climático (PECC 2014- 2018), para reducir la vulnerabilidad de la población, proteger los ecosistemas, aumentar los servicios ambientales y mejorar su infraestructura ante el cambio climático. México ya ha sido el primer país en desarrollo en crear una Ley de Cambio Climático, en el año 2012.
México estableció un Fondo para el Cambio Climático y creó el Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC). Igualmente, instituyó el Registro Nacional de Emisiones (RENE).
Chile: Este país ha seguido a Costa Rica (pionero) y a México con el impuesto al carbono. A partir del 2012, la Oficina de Cambio Climático está desarrollando el Low Emissions Capacity Building Program (LECB), bajo la dirección del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Chile ha concluido con éxito la segunda fase del proyecto de investigación MAPS-Chile que se propone analizar las emisiones hacia los años 2020, 2030 y 2050. El mayor avance de Chile es el fomento de la investigación a través de la creación de centros de investigación en cambio climático.
Guatemala: Al igual que Costa Rica, Guatemala ha implementado una política energética ambiciosa orientada a generar el 80% de su electricidad desde energía renovable para el 2030. Ha fortalecido su marco legal, aprobando una Ley de Cambio Climático en el 2013, como hizo México el año anterior. En su Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés), se comprometió a reducir las emisiones en un 11.2 %. Su Ley Probosque del 2015, es un importante instrumento contra la deforestación.
La región latinoamericana ha venido dando grandes pasos a través del desarrollo de políticas públicas de cambio climático y reducción de emisiones de carbono. Por ejemplo, de acuerdo a World Wildlife Fund (WWF), países como México, Colombia, Perú y Brasil se han comprometido en reducir las emisiones de carbono, mientras que Uruguay, Costa Rica, Chile y Nicaragua aprovechan su potencial en energía renovable para reducir en su sistema energético la dependencia de combustibles fósiles por limpios. Como una muestra de avance, la WWF señala que “en el período 2006-2013, la capacidad total de energía renovable en Latinoamérica creció más del 270%, lo que demuestra el apetito de la región por nuevas tecnologías de energía renovable”.
La lección más importante que estos cinco países latinoamericanos les dejan a los Estados Unidos y a otras naciones, es que no importa la cantidad de inversión que se haga en grandes proyectos de cambio climático y de desarrollo, sino se cuenta con la voluntad política para enfrentar los desafíos globales de hoy en día. Incluso con la propuesta de recorte de fondos a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, esta nación tiene disponible cuantiosos recursos para continuar la mitigación del cambio climático. Para este fenómeno universal se necesita mayor inversión y la adopción de las buenas prácticas de otros países, pero mientras el dinero llega pienso que si se toma una mirada hacia América Latina nos puede proveer cierto aprendizaje presupuestario de cómo estos países con menos hacen más.