Chile acudió a las urnas el día de ayer para responder al Plebiscito que preguntó sobre un nuevo proceso constituyente. En Chile el voto es facultativo desde el año 2012 y en este proceso, pese a las restricciones de la pandemia mundial, han acudido a votar más de 7 millones de personas, con resultado positivo (al cierre del domingo 25 de octubre más de 98% de actas escrutadas reflejaban el 79,04% de aprobación). El país del cono sur va a reemplazar la Carta Magna vigente desde 1980, que fue elaborada en plena dictadura de Augusto Pinochet, para proponer un documento que incluya su realidad y diversidad actual.
Desde 1990, cuando el país retornó a la democracia, se vive una aparente calma en lo social. La emergencia de los movimientos sociales fue clave contra la dictadura y los años siguientes se consolidó una sociedad pujante, con institucionalidad sólida y admirada por el resto de países en la región y el mundo.
En 2006 surgió el conato de protestas importantes protagonizadas por sectores de estudiantes que reivindican mayor igualdad, las cuales se repiten en 2011 y que ponen en evidencia que el milagro chileno no había permeado en toda la sociedad por igual. Las diferencias económicas y sociales derivaron de un modelo consagrado en gran medida en la Constitución Política de la dictadura.
A lo largo de estos años se modificó en varias ocasiones la constitución: en 1989 y en 2005 se corrigieron vicios, por ejemplo, se plasmó el pluralismo político –el marxismo estaba prohibido en Chile hasta finales de los 90´s- o se eliminó la designación de senadores vitalicios como fue el caso del mismo dictador Pinochet.
Pero el hartazgo de la sociedad chilena frente a la clase política, los actos de corrupción, la desigualdad de la riqueza e incluso la pérdida de confianza en las instituciones, llevó a que se plantee dos opciones para redactar la nueva constitución: la primera integrar una convención constitucional con 155 ciudadanos electos mediante voto directo; y la segunda, conformar una convención mixta con 172 integrantes formada por el 50% por ciudadanos electos y el 50% por parlamentarios.
Los más de 7 millones de votantes han elegido la primera opción, para que la nueva constitución se redacte por una convención constitucional integrada por ciudadanos y ciudadanas nuevos que no provengan necesariamente de los partidos políticos.
La convención constitucional tendrá la inmensa responsabilidad de viabilizar el diálogo entre varios sectores con profundos descontentos y redactar un documento que no sea demasiado extenso, pero sí suficiente como para consagrar los grandes principios que une a esa gran nación.
Esa tarea no es sencilla y constituye uno de los grandes pendientes de América Latina: respetar las diferencias y combatir desigualdades. Pero, sobre todo, tendrán la inmensa responsabilidad de recordar a los votantes aún eufóricos por esta fiesta democrática, que una nueva constitución recoge el pacto, pero no cambia la realidad. A esta última la cambiamos los actores cotidianos. (O)