Las elecciones son el pulmón de la democracia pero a la vez, su veneno. Lo saben muy bien los ciudadanos de casi todas partes del mundo que la cuidan y defienden . Los chilenos, ahora mismo viven chuchaqui seco tras los resultados de las elecciones del domingo 7 de los corrientes, por el vuelco hacia la derecha dado por los votantes —con el partido más radical a la cabeza— implica una recomposición del panorama político chileno. Lo evidente del resultado de hace diez días, marca el péndulo de la opinión ciudadana en estos tiempos.
La volatilidad en las preferencias de los electores del país del sur, es una constante y las sorpresas pueden continuar. Apenas en año y medio, los votantes giraron de la izquierda a la derecha pura y sin duda, la nueva constitución de Chile será diferente del proyecto de “refundación nacional”, basada en componentes izquierdistas y que además fracasó en el referendo celebrado en setiembre del pasado año. Por el contundente triunfo de la derecha, podría abrirse un nuevo capítulo político en ese país, aunque los chilenos están conscientes qué la solución de las necesidades ciudadanas no arregla la constitución, hace suponer que la inspiración ideológica, pesará en la elaboración del documento que trabajará el Consejo Constitucional. Poco o mucho, el tiempo lo dirá.
Ya se escuchan voces que si la derecha republicana, liderada por José Antonio Katz, se encapricha en elaborar el documento como ellos plantean, sin escuchar la multiplicidad de culturas de la nación, la nueva carta fundamental será rechazada una vez más.
Para los chilenos, transitar por el sinuoso camino, al parecer no les sorprende; eligieron a Gabriel Boric en diciembre de 2021 con más del 55 % de la votación, le dieron la espalda al votar con un contundente 62 % en rechazo al texto redactado por su aplanadora de izquierda. La juventud e inexperiencia del presidente, le habrían hecho suponer tener en sus manos un cheque en blanco para hacer cambios estructurales sin tener en cuenta ni a la sociedad civil ni a la oposición política, a pesar de que ésta ya advertía su descontento.
Lo que ocurre en el país hermano, es un espejo para los países latinoamericanos particularmente Ecuador con una Constitución hecha a la medida para un ex presidente, quien aseguró que la carta fundamental tendría una vida útil de 300 años. Urge al menos, introducir reformas a la Carta Magna. Perú y Colombia, no deben perder de vista y con lupa analizar lo acontecido en Chile, cuando el partido Republicano, de derecha, fundado por el excandidato presidencial José Antonio Katz , obtuvo 23 de los 51 consejeros constitucionales. Al superar los 21, logró poder de veto. Es muy temprano para conocer las implicaciones a largo plazo de los resultados obtenidos y que podrían generar algún tipo de impacto, como el de determinar el contenido del nuevo texto constitucional, razón de ser de la elección.
A la vista, hay consecuencias visibles: el proyecto y la capacidad de acción del gobierno izquierdista de Boric, así como el fracaso de las agrupaciones políticas de centro e izquierda moderada —como los Partidos Demócrata Cristiano y Radical—, que fueron actores fundamentales en la reconstrucción democrática de Chile. Su alianza no logró elegir ni un delegado al Consejo, lo que hace suponer que su futuro estaría en entredicho.
Según lo establecido en la Ley 21.533, los miembros tendrán que estar presentes en la primera sesión de instalación del Consejo Constitucional, que se desarrollará en la sede del Congreso Nacional de Santiago, el 7 de junio de 2023. Dispondrán de cinco meses para trabajar sobre el anteproyecto de la propuesta de nueva Constitución, elaborada por una Comisión de Expertos y luego entregar una nueva versión. Por consiguiente, las labores finalizan el 7 de noviembre de 2023. El Consejo debe redactar y presentar el documento al Presidente de la República y sometido a un plebiscito el próximo 17 de diciembre.
De ser aprobado, la nueva constitución entraría en vigor; caso contrario, se mantendría la actual, emitida durante la dictadura de Augusto Pinochet y reformada en múltiples ocasiones durante el período democrático.
Chile vive su laberinto y paradojas en medio del recuerdo de los 50 años del golpe militar, cuando un 11 de septiembre de 1973, la primera proclama militar dispuso al presidente de la República, Salvador Allende, entregar de forma inmediata su cargo a la junta de gobierno, integrada por los jefes supremos de las fuerzas Armadas: Pinochet, Leigh, Merino y Mendoza —los dos últimos acababan de tomar las jefaturas supremas de sus ramas, Armada y Carabineros respectivamente—. En este medio siglo, con altos y bajos, terminada la dictadura, Chile miró- con matices- hacia una izquierda.
Ahora mismo desde Arica hasta Punta Arenas, los chilenos creen que llegó la hora de que al fin pueda producirse una definición clara sobre su ley fundamental, y que ésta sea un factor de unidad, solidaridad y las mejores prácticas democráticas posibles. En esto todos los actores políticos tienen responsabilidades que cumplir, especialmente los ganadores. No deben desperdiciar la oportunidad.