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El Telégrafo
Rebeca Villota

Cementerio de hombres vivos

10 de abril de 2022

Así es como el preso Óscar Caranqui denominó a la cárcel, ‘La Roca’ en un libro que escribió dentro de la prisión, en 2013. En su texto Caranqui, quien estaba preso por narcotráfico y asesinato, denunció hechos de corrupción al interior de la cárcel de máxima seguridad como extorsión, tráfico de drogas, asesinatos, torturas, dotación limitada de alimentos.  Delitos que habrían sido conocidos por altos funcionarios de los ministerios del Interior y de Justicia del gobierno de Rafael Correa.

La Roca’ fue creada como un centro de máxima seguridad. A un régimen de internamiento severo, se unió la implementación de equipos de última tecnología como videocámaras, scanner de cuerpo entero, detectores de metales, inhibidores de señal de teléfonos celulares, entre otros.

Se lo diseñó para albergar a un preso por celda. Junto a Caranqui fueron recluidos líderes de bandas y detenidos de alta peligrosidad.

Ni la tecnología, ni las medidas de seguridad,  pararon los índices de violencia dentro de la cárcel. Hubo muertes violentas, heridos, enfrentamientos con armas de fuego y explosiones al interior del centro penitenciario.

Y también hubo fugas de película. En 2013, Caranqui y otros 18 presos, se fugaron vestidos de civiles y otros disfrazados de médicos. Se trató de una fuga planificada ya que no hubo señales de violencia. Quedó evidenciada la vulnerabilidad del sistema de seguridad penitenciario y la corrupción de funcionarios a quienes les quitaron las llaves de las celdas para liberar a los demás detenidos.

‘La Roca’ se cerró pocos años después debido a los cuestionamientos sobre las condiciones carcelarias en las que vivían los presos. Los internos eran mantenidos en un régimen de aislamiento extremo.

9 años más tarde nada ha cambiado. Como una medida desesperada, se ha abierto nuevamente ‘La Roca’ para alojar a cinco cabecillas de bandas delictivas, de Los Lobos y R7, que protagonizaron la masacre en la cárcel de Cuenca, la cual dejó 20 fallecidos. Se les aplicará un tratamiento y régimen disciplinario completamente diferente, han dicho las autoridades.  

 

El presidente Lasso ha justificado la medida diciendo que 5, 10, 20, 30 o 100 delincuentes no pueden mantener en zozobra un país y tiene razón.

Lo que no queda claro es cómo mover presos de una cárcel a otra, evitará el ingreso de drogas, alcohol y armas de grueso calibre a los centros penitenciarios, que están bajo vigilancia del Estado, a través de la policía y los militares.

La respuesta la ha dado la Comisión de Pacificación Penitenciaria creada en este gobierno en su primer informe de labores. En el mismo denuncia que existirían policías implicados en la protección de las bandas criminales dentro de las cárceles y que los guías penitenciarios reciben un cheque semanal. “Si no lo reciben son amenazados y si lo aceptan pasan a formar parte del sistema”.  Se menciona además los beneficios que gozan los jefes de las bandas.” La comida se reparte entre ellos y si sobra se reparte entre los demás”.

Se repite la historia denunciada por Caranqui. Poco se ha hecho.

Es evidente, ayer y hoy, la responsabilidad de policías, guías y autoridades en la crisis carcelaria.

Los ecuatorianos queremos respuestas firmes ante la corrupción. No debemos, ni queremos justificar las masacres con el único argumento de que son guerras entre bandas. El Estado debe garantizar la vida de los detenidos, bajo su custodia, como manda la Constitución.

Debe recuperar los centros de rehabilitación social brindando condiciones dignas para los reos. Hay que bajar el hacinamiento, crear fuentes de trabajo, tener acceso a la educación y atención de salud. Las soluciones no solo pasan solo por incrementar las prisiones o las seguridades.

Caranqui murió asesinado poco después de terminar su libro ‘La Roca, cementerio de hombres vivos’. El libro nunca circuló. Los 100 ejemplares impresos fueron decomisados por orden de la jueza Laura López de la Unidad Judicial de Garantías Constitucionales porque consideraba que contenía “expresiones injuriosas y fotografías que afectarían los derechos ciudadanos”.

 

Todo sigue igual o peor. El Ecuador ha vivido 5 masacres carcelarias que han dejado 350 muertos.  El gobierno mantiene el discurso de guerra entre bandas, se culpa a los presos de la violencia, pero nada se dice de la corrupción que la permite.

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