En un interesante artículo publicado en el “Journal of Human Rights and the Environment”, 3(1), 2012, Sara Joseph, directora del centro de estudios de derechos humanos y profesora de la Universidad Monash de Melbourne, en Australia, analiza en forma detallada el caso Chevron Texaco. Uno de los ejemplos de pasivos sociales y ambientales por las actividades petroleras más relevantes en la historia.
El artículo está escrito desde la distancia, usando tan solo lo publicado o traducido al inglés (incluidas las dos sentencias de 14 de febrero 2011 y 3 enero 2012). Es un artículo sugestivo, imparcial si se quiere, uno de los primeros trabajos académicos sobre el propio desenlace de un proceso muy célebre en el plano internacional. Explica los antecedentes, cita libros como los de Judith Kimerling (“Crudo Amazónico”), se olvida de citar a Carlos Beristain: “Las palabras de la selva”.
El artículo se titula “Guerra legal prolongada”, y en general le echa la culpa a la empresa Chevron (ex Texaco) por retrasos y maniobras. La empresa operó en Ecuador entre 1964 y 1992. Está documentado en forma cuidadosa.
En este estudio, es de particular interés que la autora evalúe, de manera muy negativa, los intentos de Chevron de llevar el tema a los llamados tribunales de arbitraje. Parece que las multinacionales son como la nobleza en el Ancien Regime -anterior a la Revolución Francesa-, que gozaba de una jurisdicción total.
Cuando, el fondo, el asunto es la demanda de los afectados en las provincias ecuatorianas amazónicas de Sucumbíos y Orellana, representados por el Frente de Defensa de la Amazonía, y la ejecución de las sentencias: la empresa Chevron trata todavía de desviar la atención, imputando fraude, intentando desacreditar al Estado ecuatoriano, y acudiendo a un llamado tribunal de arbitraje en Holanda (sin expertos en derechos humanos y en ambientales) que, bajo ningún concepto, debe intervenir en la justicia interna. Recordemos, además, que Chevron misma estuvo de acuerdo que el proceso fuera juzgado en Ecuador.
Otro litigio famoso de pasivo ambiental (pero este no cursado por la vía judicial) es el que calcula precio de la expropiación en Argentina de Repsol YPF para determinar su cuantía real. Varias provincias ya han presentado, en forma pública, cuantificaciones de los pasivos ambientales de YPF. No cabe duda: los daños ambientales y sociales de la actividad petrolera repercuten en el mundo en los ámbitos académicos y judiciales.