Casi siempre la conciencia política ha estado en venta. Es una vieja frase que no ha perdido vigencia con el paso de los años y en cualquier momento de la vida política del país es oportuna, pues recién nomás pudimos vivirla con los acontecimientos de junio que fueron una suerte de reedición de los fatídicos días de octubre de 2019.
Los individuos y colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a las acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Ese es el estándar constitucional del que se han valido los insurgentes de junio y octubre para intentar legitimar la violencia expresada en ataques a la integridad física de las personas y en la destrucción de bienes públicos y privados.
Este derecho es una forma de participación en democracia, un mecanismo de participación ciudadana que se lo debe ejercer en los términos del Art. 99 de la Constitución que señala que la acción ciudadana (derecho a la resistencia) se ejercerá en forma individual o en representación de la colectividad y será presentada ante autoridad competente de acuerdo con la ley. Sin embargo ese es el artículo constitucional no es leído por conveniencia, de tal suerte que la lectura es sesgada cuando tampoco se lee el Art. 336 del Código Orgánico Integral Penal que se refiere al delito de rebelión en el que se sanciona las acciones violentas y se dice textualmente, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia. En otras palabras, el derecho a la resistencia no conlleva el uso de la fuerza y la violencia destructivas.
Y es que en nombre de ese derecho que podríamos decir es un derecho natural, pese a que no estaba reconocido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano sino fue traído desde España e incorporado en la Constitución del 2008 no se puede legitimar la violencia, lo cual es reconocido por la CONAIE y la FENOCIN en el acuerdo firmado cuando se dice, que “declaran el cese de las movilizaciones y el retorno a los territorios y suspensión de actos que alteren la paz”. Ergo, a confesión de parte, relevo de prueba.
Y claro que esos actos violentos han deslegitimado al Movimiento Indígena, han puesto en tela de duda la movilización de los ponchos rojos, por lo que la perspicacia criolla se hace presente para apuntar con los cinco dedos de la mano abierta a una clase política que intentó el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, lo cual se evidenció con el fallido juicio político al Presidente de la República, la manipulación de la votación electrónica y la presencia del Presidente de la Asamblea Nacional en la Basílica del Voto Nacional, prestándose como mediador en la crisis pero al mismo tiempo llevando el puñal en el sobaco, que lo blandió en la noche de la votación para la destitución del presidente. De ahí queda claro el porqué dilataba el proceso de votación de un día para otro. Si no era Juana, era Chana, dice la abuela de la casa. El Presidente o caía por la asonada o por los votos.
Casi siempre la conciencia política ha estado en venta lo que se ratifica con la revuelta de junio y los hechos de la Asamblea, pues aquí también calza esa sentencia popular que dice si conciencias vemos, que comemos como expresión de corrupción. Y la clase política no es inmune a la misma más bien, con las excepciones que hay, es el caldo de cultivo. Que mueran los viejos para que no se conozcan las verdades dice la sentencia popular, de ahí que refrescando la memoria de la vida política del país, bien traída es la frase del Caudillo de todos los tiempos, Velasco Ibarra quien habría dicho “sólo callan cuando están colgados de la teta”. La democracia en el Ecuador ha ido de mano en mano, de gritón en gritón, de demagogo en demagogo, sin rumbo cierto, y de ahí el rebullicio de junio.
