En mi calidad de ciudadano ecuatoriano, académico en formación, profesional en libre ejercicio, me dirijo a usted, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Don Hernán Ulloa Ordóñez, con el fin de referirme a la institución tan importante pero también tan poco valorada (por algunas consejeras y consejeros, desde la primera administración que tuvo, a la fecha) que usted hoy tiene la responsabilidad de presidir.
Primero de todo, debo precisar como persona civilizada que soy y respetuosa del Estado constitucional de Derechos y Justicia, que respeto y acepto el pronunciamiento del aparato judicial, en materia constitucional, gracias al cual hoy usted lidera el CPCCS desde la presidencia. En esa línea, me permito sugerir tanto a la ex presidenta CPCCS Sofia Almeida, así como a quien considere que su(s) derecho(s) ha(n) sido vulnerado(s), a trasladar la litis a la esfera judicial en aras de que en la misma se encuentre solución en estricto derecho, claro está si es que lo tiene(n) a bien realizarlo.
Segundo de todo, debo alejarme del discurso político partidista e incluso radical: en un extremo, el pretender eliminar el CPCCS; en otro extremo, el buscar restar “competencias”, en específico aquella que permite designar autoridades. Ofrezco disculpas si soy arrogante, pero creo tener “algo de” autoridad para brindar mi opinión al respecto: prácticamente con doctorado en la prestigioa Universidad de Sevilla, participante activo en el CPCCS, sea en mecanismos de incidencia (veeduría) y en postulación a concursos públicos, el cual en su momento obtuve la victoria, y, especialmente, autor de la obra “Impacto de la institucionalización de la participación ciudadana dentro del sistema político ecuatoriano”, con el sello editorial de la Corporación de Estudios y Publicaciones CEP Ecuador; en consecuencia, manifiesto: la idea de empoderar a la ciudadanía es la vía más idónea de presencia “con voz y con voto”, de monitoreo constante y de control directo de las y los mandantes en el(los) mandatarios, llegando al punto (en la nación ecuatoriana) de frenar la componenda política cuando se trata de elegir a quienes lideren las instituciones públicas de control. Aunque estas líneas son parte de una discusión más profunda, y transversal al objetivo de esta carta abierta, sólo indico que la crisis que ha estado atravesando el CPCCS ha sido única y exclusivamente por las incorrectas y precipitadas decisiones de ciertos consejeros, lo cual, de ninguna manera, puede interpretarse como antecedente que justifique que la entidad estatal, parte de la Función de Transparencia y Control Social, es aquella pieza que “no cuadra y desafina” en el rompecabezas institucional ecuatoriano, ni mucho menos “la causante” de tener actualmente varias autoridades que nos han desilucionado. Es posible que existan fracasos, y ya hemos visto algunas personas que han dejado y dejan mucho que desear. No obstante, y descartando que sea justificación y consuelo, prefiero los resultados que hemos tenido, frente a la tragedia que hubise sido el contar con autoridades engendradas desde la Función Legislativa las cuales habrían estado seducidas por la política partidista. Tanto el devolver la atribución de la designación de autoridades a la Asamblea Nacional (antes Congreso Nacional) o peor aún la desaparición del CPCCS del ordenamiento jurídico iría en la línea de un retroceso, donde los conciudadanos seríamos simples expectadores de decisiones estrictamente políticas y sin mérito profesional alguno.
Tercero de todo, y justamente por lo anteriormente dicho, hoy el presidente del CPCCS Hernán Ulloa Ordóñez tiene en sus manos el alto, delicado y sagrado deber de demostrar a la patria, a su familia, a él mismo y, sobre todo, al buen Dios: que ha llegado hasta ese nivel para “hacer las cosas diferentes y bien”; que puede marcar un punto de inflexión -en positivo- frente a las administraciones anteriores; que es capaz de lograr que su gestión trascienda en pro del país; que, con obras, puede contestar a quienes opinan que se debe eliminar legalmente el CPCCS o que el organismo “devuelva” la designación de autoridades: su propuesta no copera en nada a fortalecer la participación ciudadana ni en sumar esfuerzos para que las y los ciudadanos sean parte de la toma de decisiones que potencialmente cambiarán sus vidas. ¡Una labor titánica!
A mi juicio, él inició su gestión de la forma más salomónica: no cerrando micrófonos, mostrando respeto por el punto de vista de sus colegas consejeros, y socializando públicamente una postura para con la ex presidenta Almeida, el ex vicepresidente Rosero y el consejero Dávalos (quienes, lamentablemente, no acuden a las sesiones de Pleno): trabajemos en unión, sin resentimientos, “… estoy dispuesto a voltear la página”. Estas actitudes que el funcionario Ulloa ha demostrado van más allá. Ante la Comisión Legislativa de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social aseguró que terminada su labor en el CPCCS se va a su casa con su familia, descartando aspiraciones políticas partidistas. Pero no es la única; la más reciente fue la contestación que dio al ex presidente de la nación Rafael Correa (ya que el ex mandatario criticó la decisión de reformar el reglamento para la desginación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado): vamos a la madurez política, está invitado a seguir el proceso que será transmitido en vivo y si tiene observaciones -fundamentadas- le doy mi palabra que las valoraremos.
Si así llueve, que no escampe. Como ciudadano estoy saturado de que la entidad que me permitió incidir en “la cosa” pública sea caracterizada por pugnas internas, como niños pequeños, y no por: promocionar, promulgar y permeabilizar mayormente la participación ciudadana (por ejemplo, siendo firme para con puntuales GAD Cantonales que aún establecen mecanismos para mermar los alcances de la silla vacía); trazar una lucha sin cuartel contra la corrupción y solemnizar auténticamente la contraloría social (por citar, que los señalamientos de las veedurías realmente sean elementos para frenar las irregularidades que se visibilicen); ser garantes de procesos de designación de autoridades donde el principio constitucional del mérito impere, donde “el compadrazgo” político no tenga espacio, donde se muestre carácter y se devuelvan ternas cuando estén conformadas por personas que no cumplan requisitos, donde se prohiba y se exhiba aquella “mano” que esté deseosa de manipular el proceso eleccionario… En fin. Siempre apuesto por lo positivo, lo propositivo. Desde el fondo de mi corazón decirle a todos y cada uno de los siete consejeros y a los funcionarios del CPCCS: pueden demostrarnos que el espíritu del constituyente no fue producto de una demencia, y dejar para la historia resultados de una labor pública que aseguró, entre otros aspectos, que las autoridades elegidas por ustedes fueron seleccionadas “en buena lid”, y no por “viveza criolla”.