En general, la capacidad institucional de los gobiernos se entiende como el conjunto de capacidades de las instituciones para lograr objetivos públicos. Sin embargo, los conceptos disponibles en la literatura muestran una gran variación. El interés sobre la capacidad de las instituciones del Estado se dio en los años noventa del siglo pasado, a propósito de las reformas de segunda generación, acontecidas en gran parte de los Estados en América Latina. Las reformas fueron orientadas por la inclusión de la capacidad gerencial y el cumplimiento de la denominada eficiencia del Estado que eran promocionados por los organismos financieros multilaterales (como el Banco Mundial).
Con la inclusión de nuevas tecnologías y políticas en la gestión del Estado se asociaron el concepto de capacidad institucional directamente con los conceptos de técnicas de reingeniería organizacional enfocados en las estructuras internas de las organizaciones que tenían ser más eficientes y, por lo tanto, se consideraba que tenían mayor capacidad institucional. Pero también se observa que, también se asocia a: a) el grado de gobernabilidad de los gobiernos (promoción de canales participativos, transparencia de las acciones gubernamentales, etc.); b) capacidad de gestión (priorizando los ejes de: finanzas, capital e infraestructura, personas y tecnología de la información); y c) el rol del Estado (en la definición e implementación de estrategias de desarrollo y transformación de la realidad).
En el caso de los estados latinoamericanos la capacidad institucional tiene concepciones parecidas a las enunciadas anteriormente, pero con la inclusión de un elemento vinculado con el conjunto de alianzas que tienen las instituciones que le permites disponer de una capacidad política o gobernanza, que apoya al cumplimento de los objetivos institucionales.
Por lo visto, el mejoramiento de la capacidad institucional de las instituciones públicas, principalmente, se debe considerar que es necesario tener una claridad de los objetivos institucionales, el manejo eficiente de los recursos y la calidad de las relaciones interinstitucionales. Al observar que las naciones en desarrollo aspiran al desarrollo sostenible, con igualdad de oportunidades para la sociedad, se cree que la capacidad institucional puede contribuir al desarrollo de las instituciones, que, en consecuencia, contribuirán a una situación macroeconómica más favorable.
Hoy que se esta elaborando el plan de desarrollo hay que buscar construir un estrecho vínculo entre la capacidad institucional y la capacidad para planificar y gestionar políticas públicas a través de la racionalización de los procesos administrativos. modernización de sistemas de información, establecimiento de relaciones con actores de cooperación y colaboración.