El ejercicio profesional y la frontalidad de los periodistas, no puede ser blanco de la irracionalidad en forma de explosivos para varios colegas y medios de comunicación del país. Sin la habilidad de opinar de forma libre, de denunciar injusticias y clamar por cambios, el ser humano está condenado a la opresión. El periodismo no está hecho para callar peor bajo ataque. La locura de fanáticos que no aceptan voces desde la pluralidad, puede arrasar con todo. Repudio total. Un llamado a recuperar la unidad nacional para defender la vida y el derecho a la libertad de expresión.
El trabajo de todo periodista, apegado a la ética profesional, es fundamental al entregar a las audiencias diferentes puntos de vista y fuentes sobre una problemática; scanner completo de lo que ocurre. Desde esta noble profesión, se tienden puentes para el ejercicio de derechos de la sociedad y en la medida que pretendan callar a los periodistas, la sociedad perderá la posibilidad de ejercer el derecho a la información y al conocimiento.
Sería dable conocer si el gobierno tiene activada y en funcionamiento la Comisión de Protección para periodistas- no sólo por lo ocurrido hace 72 horas- sino por las constantes amenazas. Es de esperar que la Policía Nacional, sea ágil en la investigación para dar con los responsables y la justicia proceda a sancionarlos. Los sobres habrían sido remitidos desde la provincia de Los Ríos.
Cabe recordar que vivimos el duelo de tres colegas asesinados. Con intimidaciones continuas buscan inhibir, silenciar y posiblemente generar autocontroles en los medios de comunicación que podrían afectar la calidad periodística, al privilegiar sobrevivir o permanecer desplazados para terminar en lamentable precarización. En varios países del mundo y de forma particular en América Latina, cada día reportan que nuestra profesión se tornó de alto riesgo, sumado a la impunidad para perseguir a quienes cometen delitos contra periodistas, lo que constituye un aliento para cualquiera obstaculizar la labor periodística.
El periodista/comunicador hace uso de las facultades que puede ejercer un ciudadano como titular del derecho a la comunicación, que comprende la libertad de expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; la libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica; la libertad de cátedra; y la libertad de comunicar información veraz por cualquier medio de difusión; emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos, ideas y opiniones.
Por estas razones, el derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados, tanto por gobiernos represores que quieren impedir cambios, como por personas que callando a otros, pretenden imponer su ideología, intereses políticos, económicos y tapar la corrupción. La lucha por la libertad de expresión corresponde a todos, ya que es la disputa por la libertad de expresar el propio individualismo y la libertad de palabra.
Esta libertad constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también condición sine qua non para que los partidos políticos, sindicatos, sociedades científicas, culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.
Es la puerta grande de la libertad del ser humano ya que en ella se asienta el pilar fundamental de donde emanan las demás libertades públicas. La existencia de la libertad de expresión es incuestionable y tiene como límites las normas constitucionales y legales encaminadas a no permitir el abuso de la misma para quebrantar libertades individuales.
La razón debe partir de que el derecho a la libertad de expresión, si bien no es superior en situaciones de conflicto, prevalece sobre el derecho al honor por su doble significación como derecho de libertad, que atribuye una potestad jurídica a su titular, y como garantía institucional para el debate público y la formación de una opinión pública libre, indispensable para una sociedad democrática y plural.
En el ejercicio de los derechos y en el disfrute de sus libertades toda persona estará sujeta a las limitaciones establecidas por la Ley con el fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad plural, incluyente y democrática.
El derecho a informar es posterior al de expresar ideas, hechos y opiniones. Sin posibilidad de emitir información, se anula el derecho del individuo a enfrentar una postura ante ciertos hechos que le interesa conocer. Por ello, la libertad de expresión es participe y complemento de otros derechos igualmente importantes, tales como el derecho a manifestar pacíficamente, a la educación, a la libertad religiosa, entre otros.
La información debe en principio resguardar la privacidad y la intimidad de las personas, conforme a lo establecido en el artículo 117. – ‘’Todo ecuatoriano puede expresar y publicar libremente sus pensamientos por medio de la prensa, respetando la religión, la decencia y la moral pública, y sujetándose a la responsabilidad que impongan las leyes’’...Esto también se encuentra establecido en el Pacto de San José en los artículos 11 y 14.
Sin embargo, los derechos de libertad de expresión e información conllevan una doble dimensionalidad: informar y ser informado, expresar y recibir ideas de los demás. En ambos casos, resulta fundamental que el periodista no se entrometa en la esfera de los derechos individuales, salvo aquellos casos en los que se encuentre involucrada una verdad pública. Los códigos Civil y el Código Integral Penal, COIP, están al alcance de los ciudadanos que se sienten agredidos u ofendidos.