Han pasado tres años desde que se hizo público el Informe de la Comisión de la Verdad. El 7 de junio de 2010, en un acto solemne y conmovedor, doloroso y tenso, las máximas autoridades recibieron un documento voluminoso. Y en consecuencia se revelaron las cifras de las atrocidades cometidas en ciertos gobiernos y la suma de víctimas de la acción criminal de algunas autoridades y oficiales de Policía con ciudadanos comunes y corrientes y con subversivos que optaron por la insurgencia. Son 136 casos en los que se registra cerca de medio millar de víctimas de todo tipo: torturados, desaparecidos, ajusticiados, detenidos ilegalmente, perseguidos, enjuiciados y sentenciados sin proceso justo.
Previamente, los principales inculpados o sospechosos de estas violaciones hicieron una intensa campaña para “contrarrestar” ese informe y hasta publicaron un libro plagado de falsedades, inculpaciones sin fundamento y una serie de acusaciones, sobre todo a quienes de un modo u otro han participado en la gestión política del actual gobierno. Era evidente a dónde querían apuntar. Y con ese libro, me cuentan, hicieron varias reuniones con determinados periodistas, asambleístas y políticos de la extrema derecha de este país. De ahí salen varias injurias de esos periodistas contra funcionarios del régimen y contra ciudadanos como yo. Algún día explicarán a sus audiencias por qué tomaron como cierto un libro plagado de versiones sin sustento legal, y menos documental.
Y ahora, tres años después, recién ocurre el primer caso de judicialización de lo que ese documento recoge. La Comisión de la Verdad, lastimosamente, ha recorrido un camino escabroso para concretar lo que es un anhelo de justicia histórica.
Hay un conjunto de acciones y tensiones alrededor del tema que se traduce en una obstrucción a la efectiva aplicación de un mandato legal. Por ejemplo: se ha tenido que incautar los documentos (reportes, partes e informes policiales) para construir los argumentos jurídicos para el procesamiento de los casos.
¿Están todos los documentos? ¿Los policías han entregado la totalidad de los papeles requeridos? ¿Hay una voluntad clara de contribuir al esclarecimiento de muchos de los casos donde hubo violaciones graves a los derechos humanos a ese medio millar de personas?
Si la Comisión de la Verdad evidenció y devolvió la esperanza a muchas familias, la “Omisión a la Verdad” que se intenta crear para asegurar la impunidad no puede ser la pauta de estos días ni de esta época. No hay venganza en esto, como señalan algunos exoficiales y muchos de los acólitos periodistas y políticos coaligados en esta campaña. Es un asunto de justicia y reparación, como ya ha ocurrido en otros países. ¿O es que la condena a Efraín Ríos Montt, exdictador de Guatemala, no prueba lo difícil que resulta castigar a quienes asesinaron a miles de personas? Ahora una decisión de la Corte Constitucional anuló la sentencia por “problemas procesales”.
Si los ecuatorianos queremos construir un futuro de convivencia pacífica y generar una cultura de verdadera paz y respeto, no podemos seguir colgados o amenazados por la impunidad con lo ocurrido, principalmente, en los años 80. Cuando se divulgó el documental “Con mi corazón en Yambo”, sobre la desaparición de los hermanos Restrepo, no solo que nos llenamos de lágrimas por lo que vivió esa familia sino porque ese filme reveló el horror y el terrorismo de Estado que gestó el miedo y la represión violenta de esos años. ¿Cuántas películas por mes o año hay que producir y exhibir para que la conciencia nacional asuma un mínimo de sensibilidad y la justicia se haga efectiva para todos?