Borrón y cuenta nueva. Es de vieja data esta sentencia popular que nos cae como anillo al dedo frente a los hechos que estamos viviendo desde ya hace más de quince días, concretamente ante uno de los puntos planteados por el dirigente de poncho rojo y sombrero negro en la reunión de los representantes de los cinco poderes del Estado y la CONAIE en la Basílica del Voto Nacional; planteamiento que no formaba parte de la plataforma con la que inició la protesta hasta llegar a la revuelta que entraña el uso de la violencia como expresión de bandolerismo.
Y es que al parecer el dirigente indígena que tomando en vano el nombre del pueblo disfraza sus más caros intereses personales en el mejor de los casos, dice la abuela de la casa, aunque entre corrillos se comenta que es una suerte de marioneta o títere de un poder político oculto, llegó a exigir la presencia de la Fiscal General del Estado para llegar a cualquier acuerdo, en ese afán de conseguir de ella su palabra de no proceder penalmente contra aquellas y aquellos que están convulsionando al país y cometiendo delitos a diestra y siniestra, atacando la propiedad privada y los bienes públicos, amén de heridos y muertos con balas asesinas que salen del tumulto, lacerando a familias ecuatorianas, lo que ha llevado a instaurar una cultura de miedo.
Y claro la violencia de junio de 2022 se equipara a la de octubre de 2019 en donde el dirigente fue también su protagonista y años después consiguió la amnistía por parte del poder político al que también secundó en ese momento, con el efecto de esa figura constitucional que es el perdón y olvido de esos actos de barbarie que fueron por él reconocidos en un libro de su coautoría; lo que a la vuelta de la esquina se convirtió en una suerte de cheque en blanco para que hoy en nombre de quienes incluso no se sienten representados -pues el movimiento indígena está fracturado- a los que se suman los ciudadanos de a pie, los de calle y una clase media inconforme y con razón, genere una serie de acciones vandálicas pues en ellas al parecer y sin lugar a dudas se está canalizando los instintos ancestrales propios del ser humano pero superados con el nacimiento del Derecho, como son el odio, la venganza y el sadismo.
Ni desde lo político peor desde lo jurídico se puede asimilar aquella propuesta de pedir que la Fiscalía General del Estado se abstenga de investigar los acontecimientos macabros que han dado la vuelta al mundo como expresión de barbarie del siglo 21, esto es pedir un borrón y cuenta nueva, pues resulta irracional, ya que el deber ser de ese órgano de la Función Judicial es investigar y de ser el caso acusar a los autores de un delito, o es que se trataba de tomarnos el pelo a los ecuatorianos y por ende al gobierno en ese afán de dilatar cualquier acuerdo a la espera de que se active el juicio al Presidente de la República, lo que sucedió pero con un revés no esperado para él y sus acólitos, porque la esencia del pueblo ecuatoriano es el respeto a la democracia, toda vez el poder se gana en las urnas y no por la componenda política.
Urge el pronunciamiento de la Corte Constitucional con respecto a la amnistía dada meses atrás. Entre la batalla por el ejercicio de los derechos y la guerrilla urbana que ha sido el signo del dizque ejercicio del derecho a la resistencia y la protesta social hay un abismo inmenso. El pueblo ecuatoriano como dijo Benjamín Carrión es un pueblo arisco, suspicaz, acholado y congénitamente inconforme, pero jamás belicista, dice la abuela de la casa.