Este marco jurídico regula las relaciones entre consumidores y proveedores de bienes y servicios. Debería estudiarse y quedar bien aprendido antes de graduarse del bachillerato, porque siempre estamos consumiendo y, por desinformación, los clientes somos perjudicados por nuestra ignorancia y se pierde todo lo bueno que puede aportar al buen vivir.
Existen normas muy claras respecto a la especulación, devolución de mercaderías, publicidad engañosa y abusiva, trato justo y recibir productos y servicios de óptima calidad, tanto públicos como privados.
Recibir el apoyo del Estado, para organizar a los grupos de asociaciones o clubes de compradores, que es el mecanismo más idóneo para luchar contra la inflación, en especial cuando los productores abusan del consumidor sin justificación o se aprovechan del incremento real de insumos y desean recuperarlos, aplicando la típica viveza criolla de especular con los precios para ganar más.
La inflación no se combate por decreto, sino cuando en una sociedad organizada los consumidores tienen definidos los bienes y servicios esenciales de calidades comparables y precios justos, y cuáles son los sustitutos perfectos o complementarios con los que pueden satisfacer sus necesidades.
El caso más irracional en Ecuador se presenta con el número de clientes de telefonía celular, que con las tres empresas está saturado el mercado y el agente dominante -la empresa Claro- controla el mercado, irónicamente tenemos más celulares que personas, sin embargo nuestra tarifa es alta, si la comparamos con otros países.
¿Cuál es la solución?, simplemente el dejar de consumir, como protesta de los consumidores organizados en los clubes y el productor tendrá que bajar los precios de venta al disminuir su facturación.
Recomendamos como herramientas de control que se debe implementar los auditores de vigilancia y censos múltiples, capacitados para verificar la solución de los reclamos de los clientes y las normas de LODC. Además, cumplir las funciones de fedatarios del SRI e inspectores del IESS y censadores de la Superintendencia de compañías, MIES y ONG para que, en alianzas estratégicas con las universidades, hacer realidad de forma masiva el plan “Mi primer empleo". Así, en horarios de tiempo parcial, los estudiantes tendrían la oportunidad de servir al país y ser agentes de control mientras estudian.