Entre 1860 y 1927 solo hubo bancos y banqueros privados en Ecuador. Pocos tuvieron la facultad de emitir billetes, aunque el negocio de todos estuvo en recibir dinero en depósitos para otorgar créditos sobre los cuales cobraban intereses.
La Revolución Juliana (1925) fue la primera en intervenir sobre los bancos para controlar sus desafueros, de modo que durante el gobierno de Isidro Ayora (1926-1931) pudo fundarse el Banco Central del Ecuador (BCE, 1927), que pasó a ser el único de emisión. La campaña de los banqueros privados contra el BCE fue escandalosa. Y los de Guayaquil levantaron el regionalismo con el argumento de que “el oro de la Costa se quieren llevar los serranos”.
Parecida es la reacción de los banqueros actuales contra la flamante “Ley de Redistribución del Gasto Social” aprobada por la Asamblea Nacional, que permite financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano de 35 a 50 dólares mensuales, con parte de las ganancias bancarias.
El Presidente de la Asociación de Bancos Privados, quien desde antes amenazaba con consecuencias apocalípticas para el país, se lanza contra la nueva Ley aprobada en estos términos: “A eso lo llamo destrucción de riqueza. El Estado no tiene derecho a destruir riqueza de los particulares”.
Vino enseguida una campaña bancaria que, a través de correos electrónicos a los clientes, insinuaba riesgos financieros para la sociedad. Además, un sospechoso funcionamiento irregular de cajeros automáticos y transacciones por internet. Hasta se ha llegado a recordar, a fin de crear intranquilidad ciudadana, el “feriado bancario” de 1999, cuando se congelaron los depósitos para propiciar un “salvataje” bancario que socializó las pérdidas de los bancos. Y continuó la amenaza de afectación a los créditos, que seguramente ocurrirá.
Más allá del incidente, el Gobierno de Ecuador ha adoptado una medida que cuestiona la consagrada idea de que las ganancias bancarias son intocables, en tanto los banqueros se atribuyen derechos absolutos por encima del Estado.
Pero en una América Latina atravesada por la inequidad y la concentración de la riqueza, la política del Gobierno ecuatoriano merece pensarse desde otro ángulo: las ganancias bancarias y, en general, las empresariales de tipo capitalista, no pueden continuar sirviendo a la acumulación privada, pues no solo tienen un origen social, sino que deben socializarse para que empiecen a servir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población.