Sobre bases objetivas de análisis, he sostenido que en 2007, con el gobierno de Rafael Correa, se inició un nuevo ciclo histórico en Ecuador, orientado por valores y principios identificados con los gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana.
Este ciclo ha constituido una oportunidad inédita para alterar las bases del poder económico-político tradicional, pues se ha sustentado en un acumulado histórico de resistencias y luchas sociales que se expresaron como “revolución ciudadana”.
También observo que se están configurando dos fases. Durante la primera (2007-2013), fue posible acabar con el modelo empresarial de desarrollo (“neoliberal”); se superó el Estado de Partidos dominado por la “clase política”; se fortaleció la nueva institucionalidad estatal; se afirmó la democracia; y, gracias a importantes políticas sociales (educación, salud, seguridad social, etc.), se favoreció a amplios sectores populares, y se redujo significativamente la pobreza, el desempleo y el subempleo.
El gobierno ha sostenido sus propios criterios. Pero también han comenzado a acumularse sensibilidades y críticas de sectores ciudadanos...
Pero es difícil calificar como “socialista” al régimen ecuatoriano, cuyo modelo de “economía social y solidaria”, está mucho más cercano al de “economía social de mercado” europeo, nacido en la segunda postguerra mundial.
En todo caso, las orientaciones y logros de esta fase, han bastado para despertar las reacciones de grupos dominantes del antiguo poder, opositores de derecha y de recalcitrantes izquierdas tradicionales.
Sin embargo, a partir de febrero 2013, coincidiendo con el nuevo período presidencial, está delineándose la segunda fase. Todavía hay continuidad en las líneas antes trazadas; pero también han aparecido una serie de nuevos síntomas: verticalismo partidista, “micropoderes” burocráticos, ciertas intemperancias e imposiciones gubernamentales, insatisfactorias políticas culturales, varios dogmatismos en política universitaria, el asunto Yasuní, acuerdo con Colombia sobre aspersiones fronterizas, propuestas para flexibilizar varios derechos laborales, cuestionadas normas penales (ej. médicos), visión presidencial sobre el tema del aborto, etc.
El gobierno ha sostenido sus propios criterios. Pero también han comenzado a acumularse sensibilidades y críticas de sectores ciudadanos que han mantenido esperanzas en la profundización de cambios que no deben postergarse, que tampoco pueden ser considerados necesariamente como “derechas”, “traidores”, “desleales” u “opositores”, y cuyas reacciones tienen alcances políticos todavía impredecibles.