Siempre he respetado mucho la figura de Ricardo Patiño, reconociendo en él -más allá de la perplejidad que puedan haberme generado algunas de sus decisiones- uno de los protagonistas más destacados del proceso de la Revolución Ciudadana. Quizás sea por este aprecio de fondo que no puedo abstenerme de comentar sus declaraciones sobre el caso de Manuela Picq. Si los mismos conceptos hubiesen sido enunciados por otra figura, tal vez este artículo no existiría. Lo que me empuja a escribir al respecto es que una posición de ese tipo haya sido articulada por uno de los exponentes más en vista de la izquierda de Gobierno.
De esa manera, la dificultad de este sector político no residiría ya simplemente en la creciente exigüidad de espacio que se le concede, sino en el contagio ideal. Lo que tenemos en frente, por lo tanto, es un extravío de la brújula generalizado, que empieza a ignorar las iniciales diferencias de posiciones entre miembros del Ejecutivo.
Lo que asombra en particular es el hiato cada vez más ancho entre retórica y hechos. Aquí la cuestión no es la simpatía que uno pueda probar o menos para Manuela Picq: el caso simplemente no puede ser analizado y tratado bajo un prisma partidista, sino desde la perspectiva universal cristalizada en la Constitución de la cual Patiño ha sido uno de los impulsores más entusiastas. En esta, se establecen un número de principios que chocan ruidosamente con la postura adoptada por el Canciller. Por ejemplo, se propugna como horizonte “el progresivo fin de la condición de extranjero” (art. 6); más concretamente aún, se establece que “las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución” (art. 9) y en cuanto a los derechos de participación se delibera que “las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable” (art. 61). Adoptando incluso la lectura más minimalista, afirmar que, bajo la visa de intercambio cultural, Manuela Picq “no podía estar desarrollando actividades políticas” equivale a negar la esencia misma de la Constitución.
Esto nos conduce a otra consideración: ¿qué actividad exactamente desarrollaba Manuela Picq por las calles de Quito? El parte policial no recoge algún tipo de información relativa a la supuesta violencia que habría ejercido: a la fecha, no se entiende por qué se la hayan llevado de la marcha. Es sobre este aspecto que las palabras de Patiño son más graves: decir que “el parte policial no siempre recoge exactamente lo que sucede” significa aplicar un criterio de discrecionalidad, ya no en la revocación de la visa, sino en la interpretación misma de los hechos: una arbitrariedad que trasgrede cualquier elemental apegue al Estado de derecho.
El caso político de Manuela Picq hubiera podido ser desinflado en un segundo, concediéndole quedarse en el país. No habría estado en las portadas de todos los periódicos, no habría desacreditado ulteriormente al país ante el mundo entero. Así el Gobierno no solamente niega su ontología inicial, sino que ignora incluso las nociones de estrategia política más básicas. ¡Así no, Ricardo! (O)