Sergio Moro, el juez que persiguió a Dilma y a Lula, es uno de los tantos jueces o empleados judiciales cooptados por Washington, que de hecho ahora mantiene una especie de Escuela de las Américas para policías y judiciales en El Salvador.
¿Puede un Supremo Tribunal Federal (STF) en un país como Brasil funcionar y sesionar como si nada hubiera sucedido, después de que al menos tres generales, uno de ellos el actual jefe del Ejército, advirtieran públicamente que si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva no iba preso, se verían “obligados” a dar un golpe militar?
Después de un intento de homicidio contra el expresidente ocurrido la semana pasada en el estado de Paraná, el general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa dijo a la prensa en forma amenazante que el TSF induciría a la violencia en el país si Lula no iba preso y amenazó con un golpe de Estado, mientras el general Paulo Chagas advirtió: “Nuestro objetivo es evitar que se cambie la ley y que el jefe de una organización criminal, condenado a 12 años de prisión, circule libremente, pregonando el odio y la lucha de clases”.
Horas antes de que sesionara el STF el jefe del Ejército, general Eduardo Villas Boas, afirmó que su fuerza “comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudiar a la impunidad”. Más diplomáticamente, pero la amenaza es la misma.
Moro fue la figura clave para justificar la “asesoría” estadounidense en su país.
La operación Lava Jato que estalló en Río de Janeiro instauró en el país un clima de inestabilidad política muy importante para los planes de Estados Unidos, que pasó a controlar, manejar y manipular operaciones y el caso Odebrecht.
En los últimos dos años las visitas de Sergio Moro a Estados Unidos se hicieron cada vez más frecuentes, y era presentado en conferencias como “líder central en el fortalecimiento del estado de derecho en Brasil”. Que en realidad desapareció por el golpe de 2016 consolidado por este nuevo golpismo manu militare condenando a Lula, quien es inocente y nunca se ha probado lo contrario. (O)