En los últimos años mucho se ha hablado sobre la “delincuencia organizada”. El delito se refiere precisamente a la estructura delictiva establecida para perpetrar una agresión de forma colectiva. De esta forma, el delito de corrupción no es oponible al daño causado únicamente, sino a una intención determinada y a un cierto éxito en la conformación de una estructura creada para corromper.
Cuando se verifica judicialmente que dos o más personas obraron juntas para cometer alguno de los delitos en contra de la administración pública, se configura el delito de delincuencia organizada o corrupción. Esto quiere decir que el peculado, el enriquecimiento ilícito, el cohecho, la concusión, el tráfico de influencias, el testaferrismo, el abuso de facultades, la defraudación tributaria y otros delitos en contra de la Administración, son actos de corrupción distintos a su organización. Son dos actos punibles cometidos en grupo: la organización y la ejecución.
Pero la respuesta militante al centenar de denuncias presentadas en la justicia penal en contra de los principales actores de la “revolución ciudadana” hoy no consiste en refutar los cargos, sino en apelar al pasado. Que Ran Gazit, que Flores y Miel, que la mochila escolar, que el feriado bancario, que la Pichicorte. Pero no todo puede entrar en el saco de la corrupción. Si la corrupción es todo, la corrupción es nada.
Por ejemplo, el caso de Ran Gazit, agente del Mosad, la policía política israelí, que entrenó al SIC10 con prácticas asociadas a la tortura según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, se denunció como remunerado con un cheque del Banco Central firmado en 1986 por el presidente León Febres Cordero. El caso llevó en 1989 al entonces mandatario y a su sobrino, secretario de la Administración, Miguel Orellana, al banquillo de los acusados por peculado. Ambos fueron sobreseídos en 1990.
Pero tal vez aquí no hubo tal peculado, sino crímenes de Estado. Pero eso no fue lo que se investigó. (0)