Atemorizados unos, esperanzados o escépticos otros, los sorprendió la noticia, hace hoy dos meses, del presidente Correa, quien habría ratificado ante unas organizaciones sociales su “convicción y decisión política de ir hacia esa revolución agraria, de legalizar las tierras y repartir a los campesinos que no las tienen”.
Me cuento entre los esperanzados, pero me inquieta que no se haya abierto un debate nacional al respecto, ante la acuciante necesidad de impulsar la producción campesina hoy precaria en las zonas de cultivo, algunas convertidas en minifundios, cultivadas por mujeres, muchas ancianas, sin mano de obra, porque maridos e hijos han abandonado el campo improductivo en busca de trabajo en Quito u otras ciudades y en el exterior, como es el caso de la Sierra, con innumerables campesinos indígenas.
Los problemas fundamentales de la economía son el empleo y la distribución equitativa de los ingresos, lo que corresponde al objetivo final de una auténtica reforma agraria integral, que establezca un modelo adecuado sin proletarizar al campesino con un modelo agroindustrial en expansión, y que implica una revisión profunda de planes de agroenergía, minería, reparto del agua y apoyo a la propiedad comunitaria.
Hay que evaluar los logros y fracasos de las reformas agrarias de dictaduras militares, la del 11 de julio de 1964 denominada Reforma Agraria y Colonización, y la del 9 de octubre de 1973. La primera fue motivada por exigencias de la Alianza para el Progreso como respuesta a la Revolución Cubana. Hoy debe responder a exigencias de la soberanía alimentaria y a la creación de empleo digno.
Una auténtica reforma agraria, o como se la quiera llamar, es un proceso integral, no un simple reparto de tierra, cuyo objetivo final es producir alimentos para la vida, lo que implica medidas económicas, financieras, técnicas, sociales, educativas, políticas, etc. evitando la concentración en pocas manos, especialmente en manos de transnacionales para usos que comprometen la soberanía alimentaria o por minifundismo, con escasa capacidad productiva sin asociación.
La Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria de 2009 es un primer paso, porque tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos, como reza el art.1, y porque permite regularizar la agroindustria frente a la soberanía alimentaria y dar impulso a la agricultura campesina.