Revelaciones de última hora acerca del “sobreendeudamiento” de los ecuatorianos dejan ver analfabetismo financiero subyacente en las transacciones que se realizan en la sociedad. El propósito de esta nota es proponer una hoja de ruta viable para reducir esta debilidad. Se reconoce como analfabetismo financiero a la incapacidad para administrar efectivamente los recursos financieros en favor del bienestar de una persona. Revelar este riesgo es una mirada proactiva del futuro, pero se tiene que aterrizar en acciones.
El analfabetismo financiero no es un fenómeno nuevo en el Ecuador ni peor en el mundo. La crisis financiera del 2000 evidenció que el ecuatoriano promedio no conocía el principio básico resumido en la relación Riesgo-Rendimiento.
Muchos creyeron que no asumían ningún riesgo cuando confiaron sus ahorros a quien más rendimiento ofrecía. Por su lado, la crisis de hipotecas en los EE.UU. evidenciaron que no se atendió al principio de diversificación, como tampoco se racionalizó que no era una idea valiosa prestar dinero a quien no tenía capacidad sostenida para servir esa deuda.
En respuesta, el mundo hoy “alfabetiza” financieramente o “protege proactivamente” a su población.
En este cometido la OECD formuló los “Principios Comunes de Alfabetismo Financiero” para países desarrollados. Sin embargo, en otras latitudes las respuestas han sido diferentes. Chile evalúa una iniciativa para enfrentar el sobreendeudamiento de los hogares con normativa de insolvencia para las personas, similar a una ley de quiebras.
Los EE.UU. promulgó la ley Dodd-Frank-2010, promoviendo educación financiera, y el Reino Unido creó el Consejo de Educación Financiera del Consumidor y estableció un Servicio de Consejería Financiera gratuita para consumidores.
Revelada la debilidad, hay que proponer una solución. Para empezar se debe entender cuáles son las transacciones representativas a las que consistentemente acude la población y que tienen potencial de afectar negativamente al buen vivir. Se determinará el nivel de alfabetismo financiero y se desarrollarán programas acordes, programas que deben estar centrados en principios rectores, pero escritos en lenguaje gráfico.
Esta hoja de ruta convocará no solo al Estado. A ella también deberá asistir el sector privado y el educativo, aunque un cuerpo colegiado la volverá operativa. Corresponde al Gobierno cumplir y hacer cumplir el precepto constitucional del buen vivir “alfabetizando” financieramente a la población.
*Profesor de Finanzas- Espae-Espol
Gerente General – Afines S.A.
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