Tuve el coraje de sentarme a leer completos los ocho planes de trabajo de los presidenciables. La verdad es que leí siete completos. Fue más una hojeada de las casi 280 páginas de plan que envió PAIS. Para leer una recolección del marxismo crítico gramsciano, prefiero leer directamente a Gramsci. Todos parecen tener la solución mágica para que el país salga del ostracismo actual, de esa indefinición entre izquierda o derecha, y la grave crisis social, económica, financiera, estructural, política y, por supuesto, tributaria en la que nos encontramos. Es el punto en común que comparten siete binomios. Hay uno que busca consolidar ese modo de gobierno y avanzar en el país que se está construyendo.
La política tributaria que se ha llevado a cabo ha sido profunda y constante. De no ser así, no sería parte fundamental del cambio que se busca desde cada plan de trabajo. Y digo fundamental, porque la transformación del esquema económico es la base de la relación que se busca establecer entre el individuo, el Estado y el mercado. Bien sea un esquema que busque la completa reestructuración del modelo económico capitalista hacia un enfoque de producción alternativo y social (como propone Alberto Acosta) o por la recomposición del mismo modelo capitalista liberalizándolo hacia una economía de mercado (como lo proponen Álvaro Noboa y Guillermo Lasso).
Que la política tributaria haya sido tan efectiva, según los parámetros del actual gobierno, no significa que sea la ideal. La propuesta de Álvaro Noboa, “tasas bajas que estimulan el pago”, o la de Mauricio Rodas, que busca estabilidad en los impuestos y eliminación de aranceles, encuentra la solución en el dinamismo de un modelo económico liberal. Alberto Acosta, por su parte, busca radicalizar la política tributaria actual a través de impuestos sobre la ganancia extraordinaria de bancos superior al 10%, e impuestos progresivos a la renta, parecida a la propuesta de Norman Wray, simplificada a “el que más tiene, más paga”. El plan del movimiento gobiernista, evidentemente, buscará sostener la política tributaria actual.
Pero lo que ningún candidato termina de abordar es la dimensión social que llega a tener el impuesto. Una apropiación del aparato público por parte del ciudadano que directamente, y no desde la entelequia del petróleo, financia el país. Una dimensión social que nos cuesta como país asimilar, en parte por un paternalismo demagógico, en parte por la falta de presencia efectiva del Estado, que termina por mermar nuestra capacidad de reclamar derechos, no por la misericordia del gobierno o la consigna del ciudadano, sino por nuestra real financiación de ellos; no cuesta, en definitiva, sufrir los bienes públicos como propios.