El gobierno actual no puede adjetivarse con el auto calificativo de gobierno del encuentro, sino más bien como el gobierno de los mineros. El decreto 151 que se expidió en agosto tiende la alfombra roja a la minería en el país y, al hacerlo, va en contra de los pronunciamientos de las consultas populares ciudadanas que han rechazado la minería en distintos territorios, y de la Constitución y los derechos de la naturaleza reconocidos en ella.
La sevicia de este decreto para impulsar la actividad minera no tiene parangón: en 100 días deben despacharse miles de concesiones mineras que cubren millones de hectáreas en el país. Así, se priorizan supuestos derechos del capital transnacional y nacional de los inversionistas de la minería en detrimento de los derechos colectivos y de los derechos de la naturaleza.
En el decreto, expresamente, se menciona que se priorizarán los controles ambientales ex post, esto significa que la protección del agua para consumo humano, riego, etc. queda absolutamente relegada a los intereses del capital de las empresas mineras, ya que se trata de apurar las concesiones sin que se pueda hacer un control ambiental riguroso para proteger las fuentes de agua de la contaminación que, está más que demostrado, provoca la contaminación de la minería.
Se decreta que se permita la participación de inversionistas privados en la Empresa Minera Nacional ENAMI, y no suficiente con esto, se dictamina que en el instructivo de concesiones mineras se de un trato nacional al capital transnacional. Más entreguismo no puede estar sintetizado en este documento denominado “Plan de acción para el sector minero del Ecuador”. Se devela de cuerpo entero el gobierno neoliberal en el poder.
Sin embargo, este mismo gobierno, en medio de su debilidad en la segunda vuelta de la campaña hasta se declaró ecologista, se comprometió y firmó acuerdos que le exigían el respeto a la naturaleza. Que no cumpla su palabra no sorprende, porque ya vimos que en plena campaña no lo hizo cuando se comprometió a la revisión de los votos. Lo que resulta inadmisible, desde cualquier punto de vista, es que se haga caso omiso al pronunciamiento de la ciudadanía que en varias ocasiones ha rechazado la minería: Kimsacocha, 2014; Pacto, 2015; Girón, 2019; Cuenca, 2021. Las poblaciones de los distintos territorios llevan una lucha decidida y valiente contra el extractivismo y la minería, conscientes de que la defensa del medio ambiente constituye la única vía para salvar el planeta y salvarnos.