Al asumir su primer mandato como Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el genocida al que aguarda su propio Nuremberg, ordenó que el Departamento de Estado y todo su gobierno se empeñara en conseguir fuentes de aprovisionamiento de gas natural dondequiera que fuese, pues este recurso resultaba fundamental para la defensa y el desarrollo económico del Imperio. Uno de los primeros países en sufrir la aplicación de este mandato fue Bolivia en 2003, cuando el tirano Sánchez de Losada pretendió imponer un gigantesco programa de explotación del gas, a gusto y sabor de los intereses norteamericanos. Las masivas manifestaciones populares derrotaron el plan, pero cargaron con 74 muertos y 200 heridos aunque el sátrapa cayó estrepitosamente.
Aquí en el Ecuador la historia es larga de contar en lo que se refiere al gas natural descubierto hace 40 años en el Golfo de Guayaquil y que vino pasando de mano en mano, siempre entre empresas multinacionales, hasta que Sixto Durán Ballén, el hijo de Boston, le entregó una parte de aquel, el Bloque 3, por encima de los 3.000 kilómetros cuadrados. Resultó beneficiada con el loteriazo la compañía norteamericana EDC, quien según contratos se apoderaba del 90 por ciento del gas producido, dejándole al Estado ecuatoriano la piltrafa del 10 por ciento.
Últimamente, en un rudo golpe nacionalista, el Presidente Rafael Correa decretó que tanto EDC como Machala Power pasaran al dominio del país, con su rica reserva de gas que permitirá ampliar y abaratar la electrificación, apoyar la producción industrial y afirmar la soberanía del Ecuador. Adiós, míster Bush.
Los que no están claros son los diversos pasos de este justo rescate de nuestros hidrocarburos. Hay un punto clave que nosotros le planteamos en Carta abierta de 10 de febrero de 2007 al entonces ministro de Energía, economista Alberto Acosta: la posibilidad de declarar la caducidad del contrato EDC y que, por tanto, las instalaciones de esta y las de Machala Power pasaran al Estado ecuatoriano sin costo alguno, pues EDC había dejado de ser contratista al haber sido comprada por otra empresa norteamericana , Samedian Oil, por lo que acciones y derechos de la contratista habían pasado a esta otra sin conocimiento ni autorización del Estado, y de manos de la Samedian a una tercera, la Noble Afiliates. ¿Por qué pagarle, pues, 80 millones de dólares a EDC, que es la suma negociada? Si Alberto Acosta no hizo nada al respecto, ¿por qué no actuó en este sentido el Ministro encargado de este histórico paso, Carlos Pareja Yanuzelli? No creemos que él guarde ahora los candorosos conceptos que le llevaron a escribir en el diario Expreso, Guayaquil 9 de junio de 1999: “…hay que felicitar a la empresa EDC para que este proyecto se concrete y sobre todo hay que reconocerle su gran disposición y confianza para invertir en el Ecuador”. En contraste con tales conceptos, el Presidente Correa califica de nefastos a estos contratos y señala el aporte de EDC como “una mala inversión extranjera”.