El domingo 15 de octubre de 2023, los ecuatorianos escogeremos al Presidente de la República que tomará posesión el 25 de noviembre de 2023 hasta el 24 de mayo de 2025, en razón de las elecciones anticipadas por efecto de la disolución del Legislativo por parte del Ejecutivo. Los dos binomios finalistas encabezados por Luisa González y por otro lado Daniel Noboa representan dos visiones ideológicas casi antagónicas.
Por una parte, la candidatura de González de Revolución Ciudadana, inspirada en el socialismo del siglo XXI, plantea un programa de gobierno donde la gestión pública se basa en la acción del Estado a través de incrementar la actividad económica mediante el gasto público. Para aquello, entre otras cosas propone recuperar instrumentos para gestionar liquidez de la economía y proteger la dolarización, auditar la deuda pública renegociada en pandemia, recuperar inversión social.
Por otra parte, Noboa de Acción Democrática Nacional, se funda en el liberalismo social, y en su parte fundamental plantea un programa de gobierno donde la acción gubernamental se centra en mejorar la competitividad con inversión en transmisión eléctrica, repotenciar refinerías en un esquema público privado, reforma tributaria progresiva y beneficios tributarios a empresas que contraten jóvenes. Esto generaría por un lado un ahorro y por el otro, ingresos que permitirían ir disminuyendo el déficit público a mediano plazo.
El nuevo gobierno se enfrentará a un déficit presupuestario de $2.630 millones según cifras del gobierno actual y en un escenario pesimista de $5 mil millones. De ahí, la gran dificultad de cumplir los planes de los candidatos. La candidata González ha manifestado también su intención de financiar con la reserva internacional crédito productivo, salud y educación y su candidato a vicepresidente teorizó sobre una “ecuadolarización” a través de medios de pago electrónicos. Noboa habló de mantener las reservas y fortalecer la dolarización. Al 31 de julio, la reserva monetaria en lo que corresponde a las entidades financieras son $5.509 millones, de los que no se podría disponer por el riesgo de una corrida bancaria y apenas $458 millones corresponden al tesoro nacional. Al parecer no resulta viable ni técnica ni legalmente de momento. Uno de los temas prioritarios del nuevo gobierno será financiar el déficit y renegociar la deuda por vencerse. El objetivo debe sentar las condiciones para generar crecimiento sostenido, sin este el déficit seguirá incrementándose. A esto súmele el gran reto de llegar a consensos en la Asamblea que permitan implementar el programa del Ejecutivo.
Las dos mayores preocupaciones del electorado son el empleo y la seguridad. Ambas candidaturas finalistas coinciden en incrementar los niveles de seguridad mejorando la gestión de la fuerza pública y fortaleciendo la institucionalidad de la justicia.
La tarea del nuevo gobierno es compleja y tiene pocos meses para implementar su programa, por lo que la agenda económica y de seguridad son prioritarias para un gobierno que será de transición por la coyuntura. Una vez más, está en nuestras manos el destino de nuestro país. Ojalá esta vez escojamos bien.