En septiembre de 2019 este diario publicó mi columna de opinión titulada “La maraña que nos aprisiona”, donde refería que el gobierno de la década perdida hizo aprobar por una Asamblea Nacional sumisa, decenas de leyes farragosas e inconsultas, porque al tiempo que favorecían la concentración de poder, también rebajaban estándares de protección de derechos constitucionales y armaban un tinglado propicio para la corrupción. Ese enredo normativo impide que el país progrese con democracia y libertad, por lo que se requiere actuación decidida y pronta de los asambleístas, pero no solo en ese ámbito.
Cabe recordarle a la Asamblea Nacional que tiene al menos cuatro grandes compromisos con el país, el primero, construir acuerdos necesarios para trabajar por los aspectos más apremiantes, de tal manera que permitan superar la pandemia y reparar el tejido socio económico; el segundo, legislar responsablemente por grandes objetivos nacionales, por medio de leyes de calidad inspiradas en valores universales que garanticen libertades, gobernabilidad, transparencia, seguridad jurídica; el tercero, ejercer sin miramiento la función fiscalizadora para destapar millonarios atracos cometidos especialmente en los últimos lustros; el cuarto, colaborar con otros poderes públicos en provecho de los intereses generales. Urge acción legislativa en lo fiscal, sanitario, educativo, producción, empleo, ambiente.
No será fácil cumplir esta tarea, pero puede lograrse si se obra con pasión por el Ecuador, para rescatarlo de la fosa donde yace. Impulsar lo urgente y lo posible uniendo al país y escuchando a los actores sociales involucrados es tarea primordial de los poderes públicos, muy especialmente de los asambleístas -los representantes del pueblo soberano-, quienes, en los hechos y día a día deben dignificar su esencial misión, para demostrar que las cosas se pueden hacer mejor, que lo peor ya ha pasado. El tiempo corre y el país desespera.