El 30 de septiembre del 2010 es una fecha de ingrata recordación en las páginas de la historia inmediata del Ecuador, ya que la paz y seguridad colectiva se vieron afectadas por un intransigente reclamo policial. Los sucesos acaecidos en aquel aciago día han sido valorados desde diferentes ópticas, según la mirada interpretativa de los actores involucrados y de la ciudadanía común.
En tal sentido, hay que recordar que las demandas de la fuerza pública superaron las dimensiones meramente salariales y de reconocimiento formal (insignias y condecoraciones). El descontento policial -reflejado en una revuelta pública- tuvo otras connotaciones de evidente desestabilización institucional. Los hechos hablan por sí solos: agresión presidencial, toma de pistas aéreas, interrupción de la tarea legislativa, amotinamiento en cuarteles, pronunciamientos atentatorios al Estado de Derecho, irrupción en medios informativos estatales, interrupción del tránsito, violencia en las calles, quema de llantas, emisión de gases lacrimógenos, disparo de proyectiles, heridos y muertos. Asimismo, robos, asaltos y saqueos patentizaron la indefensión de la gente. En definitiva, varias horas de convulsión e incertidumbre social.
La obligada retención del presidente Rafael Correa en la casa de salud, por tropas uniformadas fue ciertamente injustificable, y, con ello, la actuación posterior de la oposición política, en donde se revelaron protervos afanes conspiradores y golpistas, contando para el efecto, con la anuencia de la inteligencia norteamericana, según lo detalla Eva Golinger. Así también, se colige que sectores de derecha (Sociedad Patriótica, Madera de Guerrero, PRIAN, entre otros) aplaudieron dicha sublevación y, sus acólitos provenientes de una supuesta “izquierda radical” (MPD, Pachakutik) convocaron a un frustrado levantamiento en contra del régimen. Al contrario de ello, la gente emergió, sobre todo en Quito, desde la indignación para defender la democracia y “luchar hasta las últimas consecuencias”, como relata María del Carmen Garcés.
Lo gravitante de este acontecimiento fue la ruptura democrática; atentatoria al marco legal vigente. Y, el deterioro de la entidad policial, cuya legitimidad se vio severamente afectada dentro y fuera de su estructura orgánica. La gente perdió la confianza en los gendarmes, quienes actuaron desde la barbarie. Como lo expresó en un cartel María Fernanda Restrepo, aquel fatídico 30-S, en las afueras del Regimiento Quito: “Los que están armados jamás pueden dialogar”. Eso es lo que le hace falta al Ecuador: un diálogo sin máscaras, ajeno a las mezquindades y abierto a las sugerencias y alternativas de solución ante los grandes problemas que aquejan a la nación.
En tanto, tras las lamentables secuelas aún continúan las investigaciones en las instancias judiciales, sin que se esclarezca este episodio de manera contundente y se sancione a sus principales responsables.
Que el 30-S del año pasado nos sirva de testimonio cardinal en la perspectiva de radicalizar nuestra democracia, la misma que no deja de ser vulnerable como consecuencia de sus raíces heredadas y, que, la madurez ciudadana coadyuve a cimentar renovadas directrices y fortificar remozados liderazgos en la clase política ecuatoriana.