El próximo 30 de este mes se cumplirán cinco años de aquella fecha aciaga para la democracia ecuatoriana
-de ingrata recordación-, en donde una inicial sublevación policial devino en una jornada de violencia social. No solo que estuvo en zozobra la propia vida del presidente Rafael Correa, sino que se develaron ciertas redes conspirativas que aprovecharon la ocasión para propiciar un inusitado caos colectivo. El país se vio inmerso en un delicado escenario proclive a la ruptura institucional, ante la irresponsable actuación de grupos contrarios al régimen que se sumaron al alzamiento de los uniformados, sin que importen principios ideológicos o conductas éticas (vale recordar las proclamas y aplausos conjuntos de dirigentes del MPD y de Pachakutik con Cynthia Viteri o Gilmar Gutiérrez), con lo cual se comprobó en los hechos la fragilidad de determinados estamentos estatales.
Tal como señala Juan Paz y Miño en su libro Insubordinación o golpe: “El intento de golpe de Estado del 30 de septiembre evidenció que, a pesar de haberse iniciado una nueva etapa de cambios y avances en la vida republicana, la nueva institucionalidad estatal aún es precaria, que hay sectores de la oposición que todavía no se ajustan al respeto que merece la democracia bajo un gobierno que no representa su propio proyecto político y que también existen sectores económicos que siguen considerando que el país debiera estar preferentemente a su servicio”.
Ha resultado obvio concluir que tras el 30-S de 2010 no estuvo un simple grito destemplado de policías desinformados en rechazo a la reformada ley de servicio público, sino un andamiaje conspirativo que puso en riesgo los cimientos democráticos de Ecuador, reconstituidos a partir de la Carta Magna de Montecristi (2008). En aquel día la protesta corporativista fue refrendada por grupos opositores y políticos que estimularon la asonada al Ejecutivo, en medio de la obstaculización de vías, cierre de aeropuertos, toma de entidades oficiales, etc. En tal revuelta salieron a flote dificultades internas de la Policía Nacional a causa, entre otras cosas, de una estructura orgánica y administrativa anacrónica. No son casuales, entonces, los escándalos por indisciplina, corrupción y la estrecha relación con mafias del hampa y el narcotráfico de más de un oficial y miembro de tropa.
Transcurrido un lustro, las investigaciones acerca del 30-S aún no concluyen, situación censurable por la falta de celeridad en el sistema judicial, más aún cuando hubo muertos y heridos, en una vorágine de conflictividad política que abrió fisuras en el ámbito institucional. Porque, desde ese instante, la oposición no ha bajado su guardia en la pretensión de desestabilizar a un gobierno designado en las urnas. Por ello, es sustancial apreciar las bondades de la democracia desde los poderes del Estado, cuyo eje legitimador es la ciudadanía. Luego del 30-S ha persistido una arremetida anticorreísta de la derecha junto con sectores gremiales que han perdido canonjías en este proceso de fortalecimiento estatal. (O)