Los resultados electorales del 23-02-2014 marcan un hito en el proceso constituyente, pues evidencian una pérdida de influencia relativa del Gobierno sobre el electorado urbano de ciertas ciudades, que desde 2007 votaron alineadas a su proyecto político. Aun cuando PAIS sigue siendo la fuerza más votada, el análisis debe centrarse en la tendencia que estos resultados perfilan.
Parecería indispensable asumir un enfoque integral. Contrariamente, se percibe a alto nivel un desdén a considerar la incidencia de las decisiones nacionales en la coyuntura electoral local. Pero, si entendemos estas elecciones como el cierre de un ciclo coyuntural abierto el 17-02-2013, cuando el Gobierno fue relegitimado con un triunfo arrollador en las urnas, cabe preguntarse: ¿qué decisiones se tomaron en este año que revirtieron esa tendencia? A modo de hipótesis, la tercera fase del Gobierno, abierta el 24-05-2013, marca un giro en la reforma ascendente inaugurada en 2007 y caracterizada por su signo progresista y el fervor ciudadano que inspiró.
Si la Revolución Ciudadana quiere prevalecer –y el país y la región la necesitan– precisa retomar su cauce ascendente y superar su verticalismo.Un signo emblemático de ello fue la decisión del 16-08-2013 de optar por el plan B del proyecto Yasuní-ITT que, en términos simbólicos, significó erradicar el horizonte utópico inherente a todo proyecto revolucionario y con ello ceder el paso a un pragmatismo desarrollista. Puede ser que esta decisión exhiba los límites objetivos del proceso constituyente.
Pero, sin duda, evidenció contradicciones dentro del Gobierno y el movimiento, también manifiestas en otros momentos, como la opción por el fundamentalismo católico antes que por una agenda pública laica, pese a reivindicar la gesta alfarista, y decepcionar a sus bases sociales, como los colectivos feministas, de jóvenes, las culturas urbanas, etc. Si a esto se suma la ausencia de una política de ruptura a nivel local (caso de Quito), el desencanto ciudadano seguramente permeó los resultados electorales justamente en los espacios urbanos.
La reforma ascendente ha sido un proceso liderado por iniciativa gubernamental. Ha sido una ‘revolución desde arriba’. ¿Acaso ella expresa signos de agotamiento plasmados en cierta resistencia ciudadana a los cambios impulsados por las autoridades? El moderno disciplinamiento que buscaba el Municipio de Augusto Barrera sin atender el malestar ciudadano no está disociado, por ejemplo, de la intransigencia del Gobierno frente a la movilización, la crítica o la protesta registrada en esta coyuntura, ni de la reacción abierta o soterrada de ciertas comunidades universitarias a la reforma. Parecería que la historia demanda acompañar la ‘revolución desde arriba’ con procesos más horizontales en los que se concerten ‘desde abajo’ las líneas de cambio.
La conclusión parece obvia. Si la Revolución Ciudadana quiere prevalecer –y el país y la región la necesitan– precisa retomar su cauce ascendente y superar su verticalismo. La compleja coyuntura que se abre exige considerar esto, al menos como hipótesis.