Cuando finaliza el año, solemos hacer un balance de lo ocurrido durante su transcurso, tanto en lo personal y familiar, como en lo que atañe a nuestra comunidad, la cual va más allá de las fronteras nacionales. Siguiendo a John Donne, lo que atañe a cada uno de nosotros, que somos parte de ese continente llamado humanidad, repercute colectivamente.
Centrando la mirada en Ecuador, casi todos coinciden en señalar que 2015 ha sido un año difícil, y en el ámbito económico las razones para tal calificativo son claras. La caída de los precios del petróleo -programada posiblemente por intereses hegemónicos- fue acompañada por la de las materias primas en general, afectando a países como el nuestro, que todavía deriva gran parte de sus ingresos de la exportación de tales rubros. El dólar fuerte, como resultado de la recuperación de la economía norteamericana, contribuyó a restar competitividad a nuestras exportaciones. Mientras los países vecinos devaluaban su moneda, el Ecuador dolarizado carece de la posibilidad de manejar su política monetaria. Las repercusiones negativas se han hecho sentir, particularmente en cierta iliquidez del sector público, que ha debido postergar el pago a proveedores y aplazar inversiones no prioritarias.
Frente a tal panorama, debería darse un reconocimiento colectivo hacia el manejo gubernamental de la situación. Se ha hecho un enorme esfuerzo para concluir obras de enorme trascendencia: la revitalización de la refinería de Esmeraldas y la inauguración de proyectos trascendentales como el Dauvin, por citar solo algunas. Se ha mantenido la atención a la salud y la educación, palabras que se dicen fácilmente, sin aquilatar todo lo que significan para el desarrollo del país. El ritmo de ejecución de obras fundamentales está lejos de paralizarse, gracias a una visionaria búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento. En una palabra, la anunciada catástrofe al finalizar el año no se cumplió.
Es claro el afán de proteger el empleo y de allí las medidas anunciadas para incentivar a los empresarios que contraten o mantengan su plantilla laboral. Es verdad que podrían darse algunos riesgos -la precariedad de ciertos trabajos por ejemplo-, pero solo la ciega oposición puede negar que, a diferencia a lo acostumbrado por gobiernos anteriores, hay sumo cuidado en evitar que el peso de las resoluciones adoptadas perjudique a los sectores populares.
En momentos difíciles los sacrificios deben compartirse entre todos, pero en forma proporcional, es decir afectando más a quienes tienen mayores posibilidades. Los ‘agoreros del desastre’ que se creen autorizados para dar consejos, pese a un pasado de fracasos, reclaman la vuelta a las viejas políticas de ajuste y a la entrega de la soberanía en manos de organismos defensores del capital a nivel mundial.
Ventajosamente, el régimen, presidido por Rafael Correa, ha demostrado que la consigna de poner al trabajo sobre el capital no fue un enunciado, sino la guía de una acción que no tiene antecedentes en nuestra historia y que la posteridad reconocerá en toda su magnitud. (O)