Acaba de estallar una bomba que tendrá grandes efectos políticos: la glosa emitida por la Contraloría General contra la exministra del Ambiente y asambleísta Marcela Aguiñaga, además de otras siete personas, entre ellas José Noritz, exdirector general del Issfa (Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas).
El monto de la glosa no es pelo de cochino: son $ 41 millones por los que deben responder Marcela Aguiñaga y sus compañeros de la mencionada lista. El motivo del problema se remonta a 2010, cuando el Issfa y la exministra negociaron la compraventa de 66 lotes de terreno en Guayaquil, que figuraban como propiedad del Issfa, que estaban avaluados en $ 7 millones, pero que se pactó en la astronómica suma de $ 48 millones, es decir, con un sobreprecio visible de $ 41 millones.
Marcela Aguiñaga alega hoy que el avalúo municipal no tenía que ver con el negocio, pues no se trataba de negociar sobre un terreno que estuviera bajo esa jurisdicción, sino que “la zona donde están los predios fue declarada área protegida, por lo que no debía intervenir la autoridad seccional (Municipio de Guayaquil)”. Es decir que el mentado avalúo no debía ser tomado en cuenta. Por su parte, Noritz afirma que tiene el respaldo militar respecto de su actuación, mientras los actuales directivos del Issfa anuncian que no han pagado aquella diferencia ni la pagarán.
El argumento de la exministra, además de frágil, resulta peligroso, pues de aceptárselo, querría decir que el Ministerio del Ambiente puede negar el patrimonio del país, como son, por ejemplo, las áreas protegidas, a su entero gusto y sabor. Que la disposición de la Contraloría tiene un matiz político y entraña una forma de persecución, podría explicarse, dada la figura de Aguiñaga, quien es directora provincial del Guayas de Alianza PAIS y se la reconoce públicamente como una decidida correísta, cuando serlo se ha convertido no solo en mala palabra sino delictivo. A tal punto han llegado los odios sectarios y la manipulación de capos derechistas y oportunistas.
Al respecto, conviene recordar que fue el entonces presidente Rafael Correa quien denunció la irregularidad de este turbio negocio, siendo la morosidad de las autoridades de control anteriores las que dejaron el caso sin tratamiento alguno. Por su parte, a raíz del suceso, el secretario jurídico de la Presidencia de entonces, Alexis Mera, adujo que todo este desaguisado había sido “un error de buena fe”.
Ante ello, por nuestra parte, en esos días escribimos en este diario un artículo en que demandábamos un trato urgente y profundo del asunto, sin contemplación alguna, señalando que, si bien en una cuenta doméstica puede haber errores de buena fe, no cabía que se produjeran ni admitieran en negocios donde se comprometían los fondos del Estado, que nos pertenecen a todos los ecuatorianos.
Ahora nos ratificamos en nuestro punto de vista, lamentando que se mezclen los rectos procedimientos con intereses políticos de baja calaña, y deseosos de que veamos dirigentes políticos que no se enloden ni enloden a sus agrupaciones con censurables acciones. (O)
