En 2016, y teniendo en la mira el proceso electoral de 2017, la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) lanzó su propuesta ‘Consenso Ecuador’ (http://bit.ly/2peSJgt), acogida con entusiasmo por el alto empresariado. Sin embargo, allí se retrata el criterio de una élite económica, que todavía cree que el mercado libre y la empresa privada desregulada son los ejes para el futuro de una sociedad.

En América Latina esos principios fueron aplicados a partir de la década de 1980; y aunque se demostraron válidos para promover la ‘competitividad’, la concentración de la riqueza y el desarrollo de la acumulación privada resultaron nefastos para la equidad social, el trabajo con calidad humana y la vigencia de los intereses nacionales.

En aquellas décadas, parte de las demandas neoliberales apuntaron a lograr la ‘flexibilidad laboral’; y en ese marco se proponía: suprimir el reparto de utilidades, incrementar la jornada semanal, revisar el pago de horas extras, sujetar el salario a criterios de eficiencia y productividad, facilitar el despido de trabajadores, revisar o suprimir las indemnizaciones laborales, restringir el sindicalismo, la huelga y el contrato colectivo, potenciar el trabajo por horas y el tercerizado, privatizar la seguridad social, sujetar el contrato individual a la simple voluntad entre patrono y trabajador… ¡Solo faltaba pedir que reviva la esclavitud!

El documento Consenso Ecuador de la CCQ, bajo el título ‘Reformas para defender el empleo’, plantea el ‘diálogo’ entre empresarios, trabajadores y Gobierno, así como la necesidad de revisar la legislación laboral. Pero llega a sostener: “no tiene sentido que se siga hablando de la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos del trabajador, del in dubio pro operario, etc.”. Se añade, que es necesario “revisar instituciones, como la jubilación patronal”; “Se debería revisar el tema de las cargas familiares al momento de calcular el pago de las utilidades”; e incluso, “Que se limite el excesivo proteccionismo asociado a la maternidad, discapacidad, actividad sindical o a su condición de adulto mayor u orientación sexual del trabajador, pues lejos de fomentar su estabilidad limita su contratación”. Son propuestas que reviven el criterio de flexibilidad laboral y que afectan a principios y derechos de los trabajadores, conquistados progresivamente a lo largo del siglo XX.

Estas propuestas, que no han sido abandonadas, de ninguna manera pueden ser acogidas por un gobierno progresista y democrático, porque implican el retorno un capitalismo salvaje. El diálogo y el llamado a “tender puentes” entre un nuevo gobierno y los diversos sectores sociales debe mirar la situación al revés: es decir, son aquellos empresarios que todavía permanecen anclados a viejos conceptos los que tienen que cambiar de mentalidad y forjar criterios de responsabilidad social y laboral. Es el camino para poder crear un país ajeno a las desigualdades y a los conflictos sociales que en América Latina se han originado precisamente en la división clasista y en la aguda concentración de la riqueza. (O)