Cuando ya es demasiado tarde y doce países del mundo han sido víctimas de los atracos en torno a las perniciosas actividades de la firma brasilera Odebrecht se comienza a develar públicamente las turbias acciones que esta empresa ha practicado durante años con maliciosas conductas. La revista Valor Económico anunció “que hay una industria de la delación pues se están cerrando la investigación de procesos penales”.
Dicha publicación brasilera informó que el exoperador de la firma, Rodrigo Durán Tacla, acusó a los fiscales de la operación “Lava-Jato “de promover las “delaciones a la carta” para tratar de incriminar a políticos y autoridades. Duran afirmó haber negociado un acuerdo de delación premiada con fiscales como Sergio Bruno, coordinador de la Fuerza de Trabajo en la Fiscalía General de la República de Brasil. Afirmó que, cuando estuvo con el fiscal Marcelo Miller, empezó a hacer una lista de parlamentarios, políticos y autoridades estatales para involucrarlos y negociar una delación como estrategia de defensa contra una eventual solicitud de prisión preventiva abusiva.
El excolaborador reveló haber contratado al abogado Carlos Zucolotto, padrino de matrimonio del juez Sergio Moro, para negociar un acuerdo y ofrecer una reducción de US $15 a 5 millones, en la multa que le sería impuesta, pero tendría que pagar US $ 5 millones por honorarios “por fuera”. Las declaraciones de Durán fueron solicitadas con el objetivo de investigar el modus operandi de las delaciones premiadas y colaborar en la elaboración de “proposiciones legislativas que perfeccionen el instituto” según los parlamentarios que la solicitaron.
De su lado, el Procurador Miller aseveró que “Rodrigo Durán Tacla es, ante todo, un criminal, que, con el pretexto de ejercer la profesión de abogado delinquió grave y repetidamente”. Es obvio que si estas prácticas se hubieran divulgado en su oportunidad esta empresa dedicada a chantajear y sobornar a funcionarios públicos, no habría podido actuar dolosamente en Ecuador.
Cuando nuestro gobierno, con justificada razón, expulsó del país a la firma Odebrecht, movieron influencias gubernamentales brasileras para llegar a un acuerdo de reparación de los defectos técnicos que afectaban a la central hidroeléctrica San Francisco, reparar los daños y pagar una indemnización.
Nadie entiende cómo fue posible que el fiscal ecuatoriano no haya acusado aquí a los representantes de la firma brasilera por sus prácticas dolosas. (O)
