Desde 1979, cuando se inició la democracia ecuatoriana tras una década de dictaduras, las cámaras de la producción han sido actores políticos y no simplemente gremiales. Ese comportamiento tiene larga historia, porque desde fines del siglo XIX fueron aparatos del Estado, algo que liquidó la Revolución Juliana (1925).
Las cámaras de la producción han agrupado al sector de élite empresarial, sin lograr expresar los intereses de medianos, pequeños ni emprendedores ‘informales’.
Pero desde 1925, las cámaras han sido históricamente persistentes sobre tres temas: 1. negar al Estado en la vida económica, porque creen que el mercado libre y la empresa privada son los ejes ‘naturales’ de ella; 2. rechazar impuestos directos y particularmente el de rentas; y 3. resistir al progreso de los derechos sociales y laborales, considerados ‘excesivos’ por incrementar costos de producción y perjudicar ganancias e inversiones. En los estudios académicos latinoamericanos, es la típica visión oligárquica, que contradice a las burguesías modernizadoras.
Un estudio que dirigí en la PUCE, sobre los pronunciamientos y posiciones de las cámaras entre 1979-2006 demostró lo anotado. Y bajo esa óptica empresarial, la Constitución de 1979, así como los gobiernos de J. Roldós, O. Hurtado y R. Borja fueron tildados de ‘estatistas’ y ‘comunistas’. El de Febres-Cordero era el gobierno de los empresarios. No hubo cuestionamientos al ‘modelo’ de S. Durán-Ballén y G. Noboa, continuadores del febrescorderismo. Con J. Mahuad tampoco hubo sustos y los banqueros tuvieron su momento excepcional. No fueron ideales los gobiernos de A. Bucaram, F. Alarcón, L. Gutiérrez y A. Palacio, pero el empresariado carecía de motivos para pensar que el ‘estatismo’ amenazaba sus intereses, en una época en la que se impuso el mundo globalizado, se consolidó el modelo empresarial, y tanto el FMI como el Consenso de Washington hegemonizaban sobre la ideología económica y las políticas gubernamentales.
El posicionamiento político y la visión económica tradicionales del empresariado chocaron con el gobierno de Rafael Correa, que institucionalizó un capitalismo social latinoamericano, con Estado inversionista, regulador y redistribuidor de la riqueza (fórmula que el Presidente bautizó como ‘socialismo del siglo XXI’), que en algo se acerca a la vía de los modernos socialismos en Canadá y la Europa nórdica.
Es comprensible, por tanto, que la élite empresarial vea en las candidaturas de G. Lasso o C. Viteri la representación de sus intereses, que la de P. Moncayo pueda lucir aceptable en Quito, pero que de ningún modo debiera ganar el ‘oficialista’ L. Moreno.
Va quedando en claro que en las elecciones de febrero 2017 están en juego dos modelos distintos de economía y sociedad; y que la década ganada para unos es la década perdida para la visión empresarial tradicional.
Pero cualquiera sea el resultado electoral, Ecuador requerirá superar esa visión y alentar a una nueva generación de empresarios, capaz de comprender la economía latinoamericana, aceptar amplias responsabilidades sociales y modernizar al país. (O)
