Un gobierno ilegítimo como el de Temer no tiene problemas en modificar estructuralmente la vida de los brasileños, a partir de una drástica reforma laboral. A la hora de empeorar la vida de las mayorías sociales, parece que hay pocas limitaciones. La referida reforma, de muy conocida prosapia dentro de los gobiernos neoliberales, incluye ítems tales como que las embarazadas puedan hacer ciertas tareas declaradas insalubres -con el consiguiente peligro para los futuros bebés, así como también para sus madres-, o que las vacaciones de los trabajadores puedan ser segmentadas en varias partes, según la libérrima decisión que tomen los empleadores. Un gobierno de corto plazo, tomando medidas a muy largo plazo. Y todas para el mismo lado.

En Argentina, el macrismo promueve acciones dictadas por el miedo a que Cristina F. de Kirchner le gane las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires. Así, lanzó la idea de expulsar de su cargo de diputado a De Vido (quien fuera ministro de las sucesivas administraciones kirchneristas). Si él es inocente o culpable, es algo que debe determinar el Poder Judicial, no el Congreso: pero igual el Gobierno lanzó un show mediático al respecto. Perdió en la votación, pero igual impuso que su acción es una supuesta “lucha contra la corrupción”. Lo cual es poco plausible de parte de un presidente que llegó procesado a su cargo por escuchas ilegales ordenadas cuando gobernaba la ciudad de Buenos Aires, y que dispone de una vasta fortuna familiar habida en constantes y oscuras relaciones con diferentes gobiernos.

La imagen pública del macrismo aún no está muy dañada, pero su administración está asolada por problemas de corrupción. Hay alrededor de 60 causas judiciales iniciadas contra funcionarios en apenas 19 meses de gobierno; y el actual presidente no es el que menos carga con ellas, por ej. al haber decretado que sus familiares puedan entrar a un blanqueo de bienes en el extranjero que estaba expresamente prohibido por la ley respectiva, al poseer un indeterminado número de empresas offshore en paraísos fiscales, o al detentar posibles relaciones de propiedad con compañías aéreas que han recibido itinerarios de vuelo durante su gobierno, entre otros casos.

A ello se ha sumado una rara situación: el tomar medidas en secreto. Contra lo que exige la Constitución sobre la publicidad de los actos de gobierno, se descubrió en su momento un insólito acuerdo con el reino de Qatar -hoy acusado de terrorismo- para poner dineros del Estado argentino en una offshore compartida; y ahora, se supo que parte de la empresa estatal Arsat (un orgullo tecnológico, por sus satélites orbitales de comunicación) se pretende privatizar por un acuerdo encubierto con una empresa estadounidense.

Lo cierto es que acciones como la emprendida contra De Vido -una derrota legislativa del macrismo-, sirven para tapar la realidad de despidos, cierres de empresas, aumento sideral de tarifas, alta inflación y caída de salarios. Todo ello, combinado con un notorio aumento de la represión policial del conflicto social. Una receta calamitosa que el pueblo argentino -como otros de la región- ya conoce de previas experiencias, todas ellas frustrantes y frustradas. (O)