Dos meses después de haberse declarado el fin del estado de excepción en Ecuador, dejarán de regir algunos beneficios de la Ley de Apoyo Humanitario que favorecen a las personas incapaces de cumplir con los pagos de servicios básicos de telecomunicaciones, arriendo o créditos bancarios.

En concreto se termina la vigencia de la medida que impedía ejecutar desalojos a arrendatarios durante la emergencia sanitaria y hasta dos meses después de acabada la misma.

También se termina la obligación de todas las empresas proveedoras de servicios básicos y de telecomunicaciones a no realizar cortes por falta de pago, y de las entidades del sistema financiero nacional de reprogramar o prorrogar el cobro de cuotas de los préstamos.

La Ley de Apoyo Humanitario la propuso por el Gobierno del presidente Lenín Moreno para enfrentar la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19, y fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 15 de mayo.

En la ley se contemplan medidas de alivio social para contrarrestar las consecuencias de la cuarentena, evitar los despidos masivos de trabajadores y reactivar la producción.

La ley aborda los acuerdos entre empleados y trabajadores para modificar las condiciones económicas de la relación laboral, el alza de tarifas en servicios básicos y de telecomunicaciones, los descuentos en instituciones educativas, la rebaja en el costo del servicio eléctrico, la reducción de la jornada laboral y de los sueldos, facilidades de pago a la seguridad social y oportunidades de acceso a créditos para la reactivación económica.

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública de Ecuador reporta 177.513 infectados y 8.614 fallecidos por coronavirus en su país. (I)