Abogada pide investigar a la jueza que aceptó parcialmente la acción de protección de Yunda
La abogada y columnista de El Telégrafo, Jéssica Jaramillo, solicitó a la Fiscalía de Pichincha que investigue el patrimonio, activos y pasivos de la jueza que acogió parcialmente una acción de protección presentada por el alcalde Jorge Yunda, luego de su remoción por el Concejo Metropolitano de Quito.
La jurista busca que se indague si el accionar de la jueza María Belén Domínguez, de la Unidad Judicial de Violencia N°6 de Quitumbe, estuvo apegado a la ley y no sería parte de un delito. Ello porque Jaramillo considera que la magistrada habría sido sorteada para favorecer al Burgomaestre.
En el escrito planteado ante la Fiscalía de Pichincha se pide la verificación de los sistemas informáticos, cámaras de video y la legalidad del sorteo. “Ya sucedió en Guayaquil en donde la Fiscalía realizó una investigación por direccionamiento de causas a determinados jueces”, agregó.
? He solicitado a @FiscaliaEcuador @DianaSalazarM2 “ACTO URGENTE” sobre la posible ejecución de actos reñidos con la ley, en relación al sorteo de la causa de Acción de Protección y lo resuelto hoy por la Jueza #MaríaBelénDomínguez ?? pic.twitter.com/iAVkFy3s59
— Jessica Jaramillo ? (@JessyJaramilloY) June 28, 2021
Una de las pruebas mencionadas para sustentar la presunta incorrección de Domínguez es que a la causa de Yunda se la admitió como violencia intrafamiliar y no como constitucional por una acción de protección. Además, Jaramillo citó un tuit de la jueza, del 3 de junio, en el que cuestiona la decisión del Concejo de Quito de remover al Alcalde.
Por el momento no hay una respuesta de parte de la Fiscalía para iniciar la indagación del patrimonio de Domínguez, quien este lunes 28 de junio señaló que la Comisión de Mesa para elaborar el informe de separación de Yunda no fue imparcial. Esto porque los concejales que la integraron también participaron en la sesión para votar por su remoción.
Con 14 votos a favor, el alcalde de Quito fue removido de su cargo. Aparte de la acción de protección, que anularía el proceso, en el Tribunal Contencioso Electoral presentó una solicitud para conocer si la remoción se dio en el marco de la ley.
