Hay quienes creen que el ordenamiento territorial solo corresponde a las ciudades, es decir a los espacios urbanizados y no ven o no les conviene ver, que mucho antes que a Las ciudades, corresponde ese ordenamiento espacial a los territorios nacionales regidos y estructurados por el Estado. Se habla mucho ahora de las smart cities y cada vez resulta más evidente que simplemente no es posible estructurar “ciudades ordenadas e inteligentes” si no se cuenta antes con un smart country es decir un país ordenado en lo territorial, que evite la aglomeración metropolitana y sus efectos esterilizantes y especulativos en una economía. La meta global de combatir la pobreza no se logra repartiendo más bienes de consumo a quienes no los tienen, sino incorporando o incluyendo a toda la población en la actividad productiva de bienes o servicios. Pero esa inclusión simplemente no funciona o es un imposible en términos demográficos o personales, pues, de por medio, en forma determinante está el componente o la variable espacial o territorial.

Uno de los temas primordiales de Hábitat III a realizarse en Quito en octubre de este año, debería ser analizar y llegar a conclusiones respecto al modelo de urbanización que conviene a la humanidad, es decir a cada país según sus particularidades: o repetimos y reproducimos el modelo metropolizador que, a todas luces, rebaja las condiciones humanas y ambientales de supervivencia, o caminamos hacia un modelo de equidad territorial basado en ciudades intermedias distribuidas en las regiones o unidades geoeconómicas del territorio nacional.

Ciudades intermedias o gigantescas metrópolis es la disyuntiva de un mundo que cada vez se urbaniza más y más y cuyas consecuencias no son otras que el deterioro de la calidad de vida de la población y el crecimiento de las tendencias especulativas de la economía.

En nuestro país, el centralismo bipolar constituye sin duda uno de los mayores males que ha venido soportando nuestra República, pues nos ha sometido secularmente a un “regionalismo vertical, Costa Sierra y Amazonía, que aparentemente se basaría en diferencias de pisos climáticos o ecológicos, pero que en la realidad, no es sino el efecto de la bipolaridad que ejercen los 2 grandes centros metropolitanos, asunto que se expresa en todos los campos del convivir nacional y en especial en el campo político. Ojalá fuera posible como ya lo ha anunciado el presidente Correa, pese a la catástrofe nacional que estamos obligados a enfrentar con más unidad de la Nación, poner frente a la Asamblea Nacional y ante la opinión pública, un nuevo conjunto de enmiendas constitucionales, que coloque en el tapete del proceso electoral que se aproxima, este tipo de temas que el famoso marketing electoral jamás quisiera toparlos. El próximo articulo lo dedicaremos a esta propuesta de enmiendas que apuntan al ordenamiento territorial de nuestro país.

Es imperioso, por tanto, antes de que el proceso se vuelva irreversible, superar esta suerte de parcelación artificial del país por sus climas, en forma vertical, por la regionalización horizontal, ya introducida por el Decreto Ejecutivo N° 878 del 18 de Enero de 2008, que establece para fines de la administración y planificación del Estado, que responde a un análisis objetivo de los flujos económicos, culturales, políticos, etc. La división político-administrativa actual, no responde a las unidades geoeconómicas existentes ni a sus interrelaciones. El país necesita para su desarrollo integral promover una regionalización horizontal, e impulsar en cada unidad geoeconómica interdependiente, el fomento intensivo de las actividades productivas con base en el aprovechamiento de los recursos naturales y ubicando en cada región mediante decisión política, industrias básicas e inversiones de alta tecnología, que generen un efecto económico multiplicador.

No hay cambio de la matriz productiva posible, sin cambio previo de matriz territorial. La sustentabilidad de una economía jamás se basa en la mayor concentración, sino en la mayor equidad territorial y económica social. Basta retornar la mirada a los países del llamado primer mundo, para constatar que los efectos de la crisis mundial son menores ahí donde hay mayor distribución equitativa territorial y social de la riqueza.

La alternativa es clara: o seguir invirtiendo altos porcentajes del presupuesto nacional en obras de descongestionamiento para conectar o mejorar los suburbios de las grandes metrópolis, o descentralizar, no solo la inversión pública y privada, sino la capacidad de decisión y administración que la hace posible. El país necesita promover, como lo hemos afirmado, unas 30 o 40 ciudades intermedias, con todos los servicios básicos y capaces de dar valor agregado a la producción primaria de su entorno, articuladas en las 7 regiones horizontales de su territorio, como lo demuestran numerosos diagnósticos de la realidad iberoamericana, existe una estrecha relación entre la asignación espacial de recursos y la distribución espacial del poder para la toma de decisiones.

La descentralización es el gran desafío de la democracia y el desarrollo. Si intentamos una definición de descentralización, habría que expresar que se trata de un proceso político de transferencia efectiva de atribuciones y recursos del gobierno central a las entidades seccionales autónomas a fin de que estas tengan plena capacidad de decisión, financiamiento y ejecución de las actividades que de conformidad con la ley le corresponden. Como proceso complementario de la descentralización, la desconcentración constituye la transferencia o delegación de atribuciones y recursos del gobierno central a sus extensiones o delegaciones a nivel regional o provincial. Sin descentralización fiscal no hay descentralización real. Si el objetivo es que las tareas y servicios públicos deben ser enfrentados por la propia comunidad o como se ha dicho: asignadas al menor nivel posible del sector público o al de mayor “cercanía”, lo obvio es que estas instancias requieran no solo de atribuciones respetadas por el Estado. (O)