Miles de bogotanos se movilizaron ayer desde 16 localidades de la capital colombiana hacia la céntrica Plaza de Bolívar, para expresar su respaldo a su alcalde Gustavo Petro y la defensa a la democracia.

La movilización contó con el respaldo de campesinos, indígenas, obreros y organizaciones sociales de otros puntos del país, que viajaron a Bogotá para expresar su rechazo a la decisión del procurador, Alejandro Ordóñez, de destituir al alcalde.

Petro llamó, la noche del jueves, “a marchar en paz, con amor y fraternidad, en una movilización por la defensa de la democracia”.

Desde el gobierno, la canciller María Ángela Holguín mantuvo una conversación telefónica con la secretaria de Estado adjunta de EE.UU. para Latinoamérica, para pedirle que respeten asuntos internos del país, en referencia a la declaración del embajador nominado de EE.UU., Kevin Whitaker, sobre su preocupación por la destitución del alcalde. “Es bueno que sepan que los embajadores en cualquier país no opinan sobre los asuntos internos y menos sobre decisiones de los órganos de control”, dijo la ministra.

Mientras, el grupo de abogados encargado de la defensa de Petro ultima tres estrategias jurídicas para impedir que tengan efectos la destitución y los 15 años de inhabilidad que impuso la Procuraduría.

El diario El Tiempo detalló que la primera carta que se jugó, y con la que el alcalde busca permanecer en el cargo unos meses más, fue la de instaurar una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En esta, el abogado Julio César Ortiz pidió que se deje sin efecto la sanción disciplinaria impuesta por el procurador, por las fallas presentadas en la implementación del nuevo sistema de basuras en la capital.

Además, que mientras se produce el fallo de fondo, se suspendan inmediatamente los términos para notificarse la resolución y presentar el recurso en contra de la decisión del procurador Alejandro Ordóñez.

Para respaldar su solicitud, en las 62 páginas de la tutela Ortiz alega que a Petro se le violaron varios derechos, entre estos el de defensa, al debido proceso y el de participación política, señala el diario.

El también exmagistrado anota, además, que la Procuraduría se negó a practicar pruebas claves con las que se podía demostrar la legalidad del comportamiento de su cliente.

El riesgo que la defensa corre por esta vía es el mismo que pasó la exsenadora Piedad Córdoba, destituida e inhabilitada 18 años por el procurador Ordóñez.

Tras ser revisada la tutela que la defensa de Córdoba interpuso, la Corte Constitucional dejó en claro, en octubre pasado, que el ejercicio del poder disciplinario es necesario en un estado de derecho, para regular el comportamiento disciplinario de sus servidores. Y que “la Constitución confiere al procurador la vigilancia superior de la conducta de quienes desempeñen funciones públicas, incluso las de elección popular”, e imponer sanciones conforme a la ley.

Por eso, paralelamente, el abogado Carlos Rodríguez (parte de la defensa de Petro en el exterior) intentará que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicte las mismas medidas cautelares.

Precisamente, Petro viajará, el próximo martes, a Washington para reunirse con congresistas estadounidenses y con los miembros de la CIDH para tratar el tema de su destitución e inhabilitación.

En el viaje, Petro tiene prevista una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.

La última estrategia legal –que, dicen, no tiene el aval de Petro ni de sus abogados– consiste en la presentación de una avalancha de tutelas a su favor, por parte de varios sectores que lo apoyan.

La Fiscalía, por su parte, anunció que espera, en 30 días, definir si por estos hechos Petro debe responder o no penalmente. Además, confirmó que el alcalde no formuló ninguna denuncia contra el procurador.