El expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, afirmó hoy que se cometerá un fraude democrático en España si se impide su reelección en ese cargo, tras el triunfo independentista en recientes comicios.

Puigdemont, en Bélgica desde octubre pasado, reafirmó esa posición en respuesta a un llamamiento de la dirección de su partido, el Demócrata Europeo Catalán (PDECat), y de Esquerra Republicana (ERC), su fuerza aliada, para que afronte con realismo los obstáculos legales contra su investidura desde el exterior.

El ex jefe del Govern de Cataluña manifestó ante el Consejo Nacional del PDECat, en videoconferencia, que los debates y procedimientos parlamentarios 'en ningún caso pueden subvertir' lo decidido en las elecciones del 21 de diciembre último.

'Los diputados tenemos derechos que se deben respetar, pero sobre todo quien tiene derechos son los ciudadanos. A nosotros nos toca proteger y reivindicar por encima de todo los derechos de los ciudadanos. Que el árbol no nos tape el bosque', indicó el expresidente cuando restan cuatro días para la sesión constitutiva del Parlament.

Los independentistas catalanes representados por PDECat, ERC y Junts per Catalunya, maniobran para mantener la mayoría parlamentaria afectada por la ausencia de ocho de sus diputados, de los cuales tres se encuentran en prisión preventiva, quienes podrán delegar sus votos, y otros cinco en Bélgica.

El jueves pasado, el Gobierno español anunció que evalúa mecanismos para impedir la investidura a distancia de Puigdemont como presidente catalán y declarará inconstitucional cualquier iniciativa para lograrlo.

De acuerdo con un informe de los servicios jurídicos del Estado, dicho nombramiento violaría el reglamento del Parlamento regional y el Estatuto de Autonomía, los cuales exigen la presencia del candidato para asumir el puesto.

El documento establece que ante cualquier situación anómala o decisión cuestionable de la Mesa del Parlament, Madrid presentará un recurso por inconstitucionalidad para suspenderla.

Las normas parlamentarias señalan que los diputados tienen 'el deber de asistir a los debates y votaciones del Pleno y de las Comisiones de las que son miembros', y se descarta una candidatura no presencial, así como delegar en otros la defensa del programa y las competencias relativas al gobierno de la región. (I)