Antes de asumir la presidencia de México, Enrique Peña Nieto se presentaba como un gran reformador que además de “guapo” era capaz de regresar al poder a un PRI más transparente, pero lejos de ese escenario, cierra su mandato marcado por escándalos de corrupción y violaciones de derechos humanos.

El 1 de julio los mexicanos irán a las urnas para elegir al futuro gobernante.

Apodado por su equipo de campaña como el “Luis Miguel” de la política porque las mujeres se desgañitaban en sus mítines como si fuera el cantante mexicano, el joven -ahora de 51 años- prometía un nuevo Partido Revolucionario Institucional, cuyos 71 años de gobierno previos al 2000 estuvieron manchados de corrupción y abusos.

Pero seis años después, Peña Nieto -cuyos adversarios lo pintaron como un producto de Televisa por casarse con una actriz de telenovelas- deja al país con una debilitada confianza pública.

Los primeros 20 meses de su gestión estuvieron marcados por la aprobación de reformas de gran calado que pasan por todos los ámbitos de los 120 millones de mexicanos que gobierna, desde el laboral hasta el fiscal.

Dos son emblemáticas: la energética, que abrió ese sector a la iniciativa privada, y la educativa, por la que los maestros del sector público están sometidos a exámenes, a pesar de las continuas protestas de docentes sindicalizados, que en algunos casos se tornaron violentas.

También se creó el Sistema Nacional Anticorrupción con el que en teoría habría elementos para exigir una mayor transparencia gubernamental, sin embargo organizaciones civiles denunciaron la falta de voluntad política para darle recursos e independencia.

La “Casa Blanca”
En medio de esas trabas, a Peña Nieto le explotaron varios problemas. Uno de los que permanece más fresco en la memoria de los mexicanos es el episodio llamado “Casa Blanca”.

Se remonta a 2014 cuando una investigación periodística reveló que la primera dama, Angélica Rivera, actriz también conocida como “Gaviota”, compró una casa de $ 7 millones en un exclusivo barrio de la capital a un contratista del gobierno cercano a Peña Nieto.

“Ese ha sido uno de los muchos escándalos que muestran que si no el Presidente mismo, sí quienes lo rodean se han caracterizado por el tráfico de influencias, por la entrega de contratos a los amigos, por la corrupción en suma”, opina Sergio Aguayo, investigador del prestigioso Colegio de México.

El Presidente también estuvo envuelto en críticas por la gran cantidad de gobernadores de extracción priista que enfrentan procesos judiciales y que han sido procesados o están bajo sospecha o prófugos -11 en total-, los mismos con los que se tomó una publicitada foto al inicio de su mandato. Uno de ellos es el encarcelado exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de corrupción y desaparición forzada. Peña Nieto lo presentaba como uno “de los nuevos políticos priistas que hacía las cosas diferentes”.

La última fuga del legendario capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 11 de julio de 2015, de una cárcel de máxima seguridad por un túnel con rieles adaptados para una motocicleta, fue otro de los capítulos vergonzosos de su presidencia.

Aunque fue recapturado y extraditado a Estados Unidos, los mexicanos aún se mofan de esa holliwoodense escapada.

Caso Ayotzinapa
La seguridad y la protección de los derechos humanos formaron parte de las principales promesas de campaña de Peña Nieto, pero terminaron por resquebrajarse y varias veces se vio contra las cuerdas en este terreno.

El Presidente “ha sido un fracaso absoluto. Hay un raro consenso en México en torno a un hecho, la política de Enrique Peña Nieto para controlar la inseguridad fue un fracaso”, enfatiza Aguayo.

El año pasado cerró con la cifra récord de 25.339 homicidios dolosos, la cifra más alta desde que se iniciaron los registros a nivel nacional en 1997. El 26 de septiembre de 2014 un grupo de 43 estudiantes de la escuela para maestros rural de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron después de ser atacados por sicarios y policías corruptos que se los llevaron y presuntamente los entregaron al cártel Guerreros Unidos.

Según la investigación oficial, rechazada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los padres de los jóvenes, ese cártel los habría asesinado y calcinado.

En medio de la guerra militarizada contra los narcotraficantes, otro negro episodio le explotó en las manos a Peña Nieto. Después de una larga investigación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (ente autónomo del Estado) concluyó que 15 de los 22 muertos hallados el 30 de junio de 2014 en una bodega de Tlatlaya, centro de México, fueron ejecutados extrajudicialmente por militares.

Y con estos pasajes de fondo, el saliente Presidente ha hecho declaraciones escandalosas. Destaca la de agosto de 2014 sobre la corrupción, que en su opinión es un problema “cultural”.

“A cualquier cosa que ocurra hoy en día se le atribuye como eje la corrupción. Si casi casi si hay un choque aquí, en la esquina, fue la corrupción”, dijo irónico el Mandatario.

Dos de cada 10 mexicanos aprueban la gestión del presidente Enrique Peña Nieto (21%), en tanto el 69% está en desacuerdo con su desempeño, de acuerdo con la última evaluación de la firma Consulta Mitofsky difundida en febrero.

En los sondeos sobre la elección del 1 de julio, el abanderado del PRI, José Antonio Meade, aparece en tercer lugar, lejos del puntero, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador. (I)