El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ordenó el jueves a la Procuraduría General la creación de una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas, en la reunión celebrada con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala hace un año.

"Les expresé que estamos del mismo lado, que queremos lo mismo: saber qué pasó con cada uno de sus hijos y que haya justicia", informó el mandatario en su cuenta en Twitter.

"Les aseguré que la investigación sigue abierta. No habrá carpetazo", añadió.

El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, dijo más temprano que esta unidad especializada tendrá dos áreas: una dedicada a la búsqueda de los jóvenes, y otra a indagar las irregularidades cometidas en la investigación del caso y denunciadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El portavoz del Gobierno, Eduardo Sánchez, informó en una rueda de prensa que los familiares de los jóvenes presentaron al mandatario un documento con 8 demandas que fue firmado por Peña Nieto "como acuse de recibo".

Además del mandatario y los padres, en el encuentro participaron la fiscal de México, Arely Gómez; el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el subsecretario en Derechos Humanos de esta dependencia, Roberto Campa, entre otros funcionarios.

Los padres de los normalistas acudieron a la cita con bajas expectativas, aunque pidieron al mandatario mexicano la verdad de lo ocurrido con los jóvenes el 26 de septiembre de 2014.

Fueron los familiares los que el 6 de septiembre exigieron al mandatario mexicano que les diera "la cara" después de que un informe independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pusiera en duda la versión oficial de los hechos.

La "verdad histórica" presentada por la Procuraduría (Fiscalía) General asegura que, después de haber sido atacados por policías de Iguala (Guerrero, sur) la noche del 26 de septiembre de 2014, los jóvenes fueron brutalmente masacrados por narcotraficantes y sus cuerpos calcinados en un basurero.

Peña Nieto (2012-2018) sólo se había reunido con los padres en octubre del año pasado, cuando los recibió en su residencia oficial, presionado por la indignación internacional de este crimen, que arrastró al mandatario a sus peores índices de popularidad.

Una reunión sin novedad

"Hoy por hoy, (Peña Nieto) no se comprometió al cumplimiento de ninguno" de los ocho puntos del pliego petitorio, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes, al explicar que los ofrecimientos del presidente "no son sustanciales, son compromisos ya acordados".

La Presidencia anunció la creación de una nueva "fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas", aunque no precisó en qué difiere de una unidad con fines similares creada en 2013.

Y sobre las demandas precisas de los padres, sólo indicó que se analizará su "viabilidad".

Los padres pidieron "el replanteamiento de la investigación" con supervisión internacional para encontrar a los estudiantes e indagar "el montaje con el que se pretendió engañar a las familias".

También piden la permanencia indefinida de los expertos de la CIDH y una investigación del papel del Ejército en el caso.

"No nos vamos a dejar, no nos vamos a cansar, seremos su piedra en el zapato. No nos vamos a ir a casa", dijo María de Jesús Tlatempa, una de las madres que asistió a la reunión, en la plaza principal de la capital donde los padres realizan un plantón.

Hasta ahora, las autoridades sólo han podido identificar con pruebas ADN los restos óseos de uno de los estudiantes y tienen indicios para posiblemente identificar a un segundo.

Tras la huelga de hambre, los padres participarán en una multitudinaria marcha el sábado en la capital.

Ese día, cuando se cumplirá un año del crimen, Peña Nieto estará volando a Nueva York para asistir a la asamblea general de las Naciones Unidos, un viaje que ha generado polémica, ya que hace unos meses el mandatario evitó suspender otros viajes al extranjero en momentos de alta sensibilidad por el crimen. (I)