El movimiento #MeToo de la India entró en erupción en las redes sociales a fines del año pasado cuando las mujeres compartieron historias que temían contar. Pero solo seis meses después, dos casos de alto perfil están exponiendo los límites del movimiento.

El primero involucró a un exmiembro del personal contra el juez superior del país. En una declaración jurada, la empleada alegó que el principal juez de la India, Ranjan Gogoi, la acosó sexualmente , denuncia que él negó.

El sistema legal del país luchó para abordar la queja de la mujer. Gogoi primero presidió una sesión especial de la Corte Suprema donde denunció a la mujer y las acusaciones. Luego, el tribunal estableció un comité informal de tres jueces para examinar las denuncias.

El lunes, el tribunal anunció que el panel no encontró sustancia en las alegaciones de la mujer y que su informe se mantendría en secreto.

La acusadora de Gogoi dijo  que estaba “decepcionada y desanimada” por la conclusión del panel y temía represalias contra ella y su familia.

Otro caso de #MeToo de alto perfil se abre camino esta semana a través del sistema legal. El otoño pasado, más de una docena de mujeres acusaron a MJ Akbar, un ministro del gobierno y exeditor de un periódico, de acoso sexual, mala conducta y violación. Akbar negó las incriminaciones.

El funcionario abandonó su cargo en el gobierno, pero pronto presentó un caso de difamación contra una de las mujeres, la periodista Priya Ramani, quien fue una de las primeras en presentar cargos.

Ramani será interrogada en la corte. Si el exfuncionario gana el caso, la periodista será encarcelada dos años.

“El hecho es que los sistemas legales no puedan hacer frente a una lesión legal de una mujer que es víctima de acoso sexual”, escribió la abogada Indira Jaising.

La jurista sugiere establecer una comisión especial de investigación para funcionar como una plataforma para que las mujeres compartan sus historias sin temer las consecuencias legales o represalias. (I)