El presidente boliviano Evo Morales retrocedió este jueves en la aplicación de un polémico código penal, al pedir al Congreso que derogue dos artículos que rechazan médicos y transportistas, y ante una escalada de conflictos sociales.

"He decidido enviar (una nota) a la Asamblea Legislativa (de mayoría oficialista, para) pedir a ellos que deroguen los artículos 205 y 137 del Código Penal", anunció el mandatario en una declaración de prensa, en medio de una huelga de médicos de hospitales públicos que cumple 43 días en la jornada.

Los médicos rechazan el artículo 205 que fija multas, inhabilitación en el ejercicio profesional y cárcel por mala praxis.

El transporte privado también anunció una huelga de 24 horas para el próximo lunes, pues considera que el artículo 137 extiende a las empresas las penas por accidentes ocasionados por choferes asalariados.

Ante el nuevo panorama, Morales pidió a los médicos que suspendan la huelga que, según el gobierno, provocó la postergación de unas 10.000 operaciones en todo el país, e instó a los transportistas entablar un diálogo con las autoridades del sector.

Mientras Morales comunicaba su decisión en la Casa de Gobierno, miles de médicos, apoyados por trabajadores en salud, maestros y universitarios, manifestaban en cinco de las nueve principales ciudades del país en contra el controvertido código penal.

Pese al nuevo marco de flexibilización, los médicos demandaron a gritos la abrogación de ese código, de más de 600 artículos.

La decisión presidencial surgió en momentos en que se avecinaba una escalada de conflictos para Morales, quien ostenta el poder desde 2006 y buscará un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de 2019.

Los médicos amenazaron en días pasados con no prestar servicios a la competencia internacional de vehículos Rally del Dakar, que deberá cruzar por Bolivia la próxima semana. También señalaron que profundizarán sus huelgas de hambre y los esporádicos cortes de ruta en el interior del país.

Además el poderoso comité civil de Santa Cruz de la Sierra, la región con la mayor actividad económica del país, anunció una huelga para el jueves 12, a la que esperan sumar a sus pares de otros departamentos, la mayoría opositores al mandatario.

Esta huelga civil, que en anteriores ocasiones solía contar con el apoyo del poderoso engranaje agropecuario privado, unificará el rechazo al código penal y a la decisión de Morales de postularse para un cuarto mandato consecutivo, desconociendo un referendo de 2016 que le negó en las urnas esa posibilidad.

Un polémico fallo del Tribunal Constitucional autorizó a fines de año a Morales a presentarse a las elecciones de diciembre de 2019. (I)