La Paz.-

La católica Agencia de Noticias Fides (ANF) y el periódico Página Siete afirmaron que no cometieron ningún delito al publicar las declaraciones del presidente boliviano, Evo Morales, sobre la “flojera” y aseguraron que no existe ningún argumento jurídico para estar siendo enjuiciados por el gobierno.

En tanto el Sindicato de Trabajadores de la Prensa y la Asociación de Periodistas de La Paz anunciaron para mañana movilizaciones en defensa de la libertad de información y prensa, a raíz de la acción penal anunciada por el Ministerio de la Presidencia en contra de ANF y los periódicos Página Siete y El Diario.

El viernes pasado el Ministerio de la Presidencia informó que presentó una demanda penal ante la Fiscalía de La Paz contra los tres medios de comunicación, por la presunta comisión del delito de “difusión e incitación al racismo” y “distorsionar” un discurso del presidente Evo Morales.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Jorge Baldivieso, dijo en conferencia de prensa en el presidencial Palacio Quemado que el gobierno presentó una demanda ante el Ministerio Público, el 21 de agosto pasado, para que investigue a los tres medios.

El 15 de agosto Morales aseguró “(...) En el altiplano es diferente si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada no hay alimento, es una verdad eso; pero en el oriente no, sólo por flojos podemos hambrear”. La declaración fue rechazada por sectores y organizaciones de la región oriental del país.

Sobre esta declaración, la ANF, una organización que tiene más de 50 y propiedad de la católica Compañía de Jesús, tituló: “Evo dice que si se hambrea en oriente es por flojera”. Página Siete, al día siguiente publicó: “Evo acusa de flojos a los habitantes del oriente”, y El Diario señaló: “Morales opina que el oriental es flojo y le critican por discriminador”.

Pese a las distorsiones, Raúl Peñaranda, director de Página Siete defendió su publicación y dijo que el “titular no es equivocado, es correcto y resume las palabras del Presidente”. Añadió que, “por supuesto que no instigamos al racismo, ni a la discriminación; pero si llegara a avanzar el juicio, lo que correspondería es un tribunal de imprenta, éste no es un delito penal”.

El asesor ejecutivo de la ANF, Juan Carlos Salazar, por su parte, recordó que situaciones similares sólo ocurrieron en épocas de la dictadura, pues los regímenes identificaban a los medios de comunicación como sus enemigos. “Si se eliminan los nombres de Página Siete, El Diario y la Agencia de Noticias Fides, parecería que ha sido copiada la demanda contra un grupo terrorista, porque la desmesura de las acusaciones son impresionantes; cómo se puede acusar a estos tres medios de incitar al odio racial”, aseveró Salazar.

Según el viceministro Baldivieso, las informaciones de prensa “han generado una confrontación y desavenencia entre los ciudadanos del oriente y los del occidente. El Código Penal dice que quien difunde o incita al racismo o la discriminación será sancionado “con la pena privativa de libertad de uno a cinco años”.

Organizaciones que agrupan a empresas de noticias y fundaciones de derechos humanos cuestionaron la decisión del Gobierno de enjuiciar a la agencia católica de noticias y a los dos periódicos privados, y ya llamaron a sus  trabajadores a una marcha de protesta para mañana, a las 10:30, en la Plaza Murillo.

“Hemos recibido esta noticia con verdadera alarma, preocupación y rechazo por este nuevo intento de criminalizar y penalizar el ‘ejercicio periodístico’ sobre la base de una acusación falsa”, afirmó ante medios internacionales el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas. Aunque la interpretación de las declaraciones del presidente sí han causado malestar entre los habitantes del Oriente.