Los empleados estatales salieron ayer a las calles en distintos puntos de Argentina, junto a docentes, médicos y militantes de organizaciones sociales, en el marco de una huelga nacional de 24 horas para reclamar aumentos salariales y contra los despidos en la administración pública.   

La jornada de lucha, impulsada por la influyente Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dejó al descubierto el fuerte contraste entre dos realidades sociales que vive el país austral. Por un lado, escuelas públicas vacías y con cientos de miles de niños y adolescentes de sectores medios y bajos sin clases; y por el otro, una actividad normal en la enseñanza privada para un sector acomodado de la sociedad. Algo similar se vivió en la salud, con una huelga de médicos de hospitales públicos en numerosos distritos, incluida la populosa provincia Buenos Aires, donde vive un tercio de la población del país. La medicina privada funcionó sin ningún contratiempo.

El paro incluyó movilizaciones en todo el territorio, aunque las miradas apuntaron en especial a una concurrida marcha de trabajadores del Estado que concluyó ante el Congreso de la Nación. Los gremios docentes, a su vez, llevaron sus exigencias ante la sede del ministerio de Educación.

La medida de fuerza se efectuó para reclamar la reapertura de paritarias (negociaciones salariales), reincorporaciones de los miles de despedidos en las distintas reparticiones públicas y en rechazo del presupuesto para el año próximo diseñado por el gobierno de Mauricio Macri.  

A la protesta se sumaron distintas organizaciones sociales que reclaman al ejecutivo la declaración de una “emergencia nacional” ante la difícil situación que atraviesan los trabajadores, en medio de una inflación de más del 40% anual, un severo ajuste, “tarifazos” en las facturas de servicios esenciales como el agua, el gas y la energía eléctrica y una brusca caída del consumo.

La jornada no solo causó un caos vehicular en la capital argentina, sino que cambió la fisonomía de la  Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del gobierno. Allí, cientos de miembros de organizaciones de base montaron un campamento contra el “ajuste y los tarifazos”.

Marianela Navarro, referente de la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativos Autogestionados y Precarizados, anunció que seguirán en el histórico paseo durante “varios días”.

En un comunicado, dijeron que “el gobierno anterior (por el “kirchnerismo”) instaló y naturalizó la precariedad y el actual parece empeñado en extinguirla, pero por la vía de la inanición”.

“Los tarifazos, el ajuste inflacionario, el otro ajuste directo, la destrucción de puestos de trabajo y la multiplicación de la pobreza golpean sobre las mismas espaldas, que son en las que han recaído siempre”, concluyeron. En la protesta también participan activistas del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, de la Federación de Organizaciones de Base y del Movimiento de Resistencia Popular, entre otras agrupaciones.  

Hugo Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), convocante del paro, dijo que la medida busca reabrir las negociaciones salariales. “Cerramos el acuerdo en el 27% anual en tres cuotas y la inflación es del 45%. También queremos que se reincorporen los 11.000 empleados públicos despedidos”, apuntó.

Los despidos, según denuncian sindicalistas, continúan en la administración pública. “A pesar de que habían dicho que terminaron en marzo, hace un mes separaron a 170 trabajadores del ministerio de Educación”, afirmó Godoy.

ATE, el gremio estatal con mayor presencia territorial, cuenta con casi 255.000 afiliados. La medida de fuerza fue un abierto desafío a la dirigencia de la Confederación General del Trabajo (CGT, peronista), que aprobó una huelga general contra el gobierno de Macri pero sin una fecha definida. También constituyó un reto para las dos vertientes en que está dividida la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA, centroizquierda), de la que forma parte, aunque está enfrentada con su dirigencia. La masiva movilización pretendió en última instancia presionar a las centrales obreras con el fin de fijar una fecha para un paro general en octubre. (I)