En el aniversario del histórico acuerdo de paz en Colombia, la exguerrilla FARC denunció este viernes el incumplimiento de lo pactado, pese al compromiso del gobierno de sacar adelante el convenio que alivió medio siglo de guerra interna.

Aun cuando ha salvado miles de vidas, el acuerdo que significó el desarme y transformación en partido del grupo rebelde más poderoso de América, no despierta el entusiasmo general y en el caso de los exguerrilleros reina la incertidumbre.

En el mismo Teatro Colón de Bogotá donde sellaron la paz, el presidente Juan Manuel Santos y el excomandante guerrillero Rodrigo Londoño (Timochenko) se reencontraron y apenas se estrecharon las manos antes de cada uno ofrecer su balance.

El jefe de la ahora llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) fue enfático: "Lo que nos están implementando no fue el acuerdo que se firmó hace un año aquí".

Previamente, Santos también cuestionó a su contraparte: "Hay quienes ven el vaso medio lleno y otros que siempre lo quieren ver medio vacío.

Ahora las FARC, partido político, y la extrema derecha coinciden en esto último".

Pese a las inconformidades, el presidente y Londoño se reunieron este viernes como había solicitado el primero para tratar los retrasos e incumplimientos del pacto con el que empezó a extinguirse un enfrentamiento de más de medio siglo.

"Quedamos de hacer reuniones cada cierto tiempo para revisar los avances en cada uno de los puntos (...) Yo salgo muy satisfecho de esta reunión y vamos a trabajar (...) para que el cumplimiento de los acuerdos siga avanzando", expresó Santos a la prensa al término del encuentro.

Por su parte, el líder de la FARC dijo a los periodistas que el gobierno y su movimiento político se pusieron "de acuerdo de que el vaso está medio lleno y lo vamos a llenar".

Traba legislativa

El 15 de agosto las FARC entregaron a la ONU su último fusil. Casi 7.000 hombres y mujeres dejaron de combatir y las muertes por el conflicto, que al inicio de los diálogos llegaban a 3.000 por año, se redujeron a 78, según cifras oficiales.

Tras el desarme, las FARC, que mantuvieron sus siglas de guerra pero le dieron un nuevo significado político, preparan su estreno electoral en los comicios de 2018.

Pero el acuerdo prevé además reformas rurales y políticas que no han salido del papel. Y lo que más preocupa es la suerte que pueda correr la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzgará los crímenes atroces cometidos durante el conflicto.

El Congreso, con una inestable mayoría oficialista, todavía no reglamenta el sistema bajo el cual guerrilleros y militares podrán recibir penas alternativas a la cárcel si confiesan sus delitos, reparan a las víctimas y se comprometen a nunca más ejercer la violencia.

A juicio de las FARC, el Legislativo, que tiene hasta fin de mes para aprobar la normativa por vía rápida, pretende modificar lo acordado para perjudicarlos.

"El mismo Congreso que aprobó hace un año el acuerdo de paz, hoy está empeñado de modo vergonzoso en hacerlo trizas en una conducta que envilece al Estado colombiano", clamó Timochenko.

Además de eso, la FARC denunció el asesinato de al menos 23 exguerrilleros y 11 familiares de integrantes del movimiento, al tiempo que la ONU asegura que unos 3.600 excombatientes han abandonado las 26 zonas donde se habían concentrado para su reincorporación social y económica, muchos desencantados con el proceso.

"Sé que las FARC tienen reclamos, sé que tienen preocupaciones (...) Pero que no quede la menor duda: seguiremos cumpliendo con los acuerdos", dijo Santos.

Timochenko, que ha descartado el regreso a las armas, también renovó su compromiso pese a las dificultades. "No daremos marcha atrás en ninguno de los términos pactados".

Polarización

Aunque menos intenso que antes, el conflicto no ha terminado. El gobierno de Santos persigue a entre 800 y 1.000 disidentes del grupo marxista, combate sin tregua el narcotráfico y negocia la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla que reconoce.

Pero la polarización no cede. La derecha y otros sectores consideran demasiado indulgente el trato alcanzado con una organización que se financió del narcotráfico e incurrió en acciones crueles.

"Hay más confrontación política y poco cumplimiento", comentó a la AFP Germán Mecías, un estudiante universitario de 23 años que asistió al evento en el teatro.

Con una imagen negativa del 79% en las encuestas, la FARC postuló a Londoño a la presidencia y otros candidatos al Congreso. El pacto les garantiza 10 curules en el Parlamento de 268 escaños por dos períodos de cuatro años.

En las ciudades "ellos tienen mucho rechazo (...) Colombia es un país que tiene muchas heridas por sanar y muchas cosas por perdonarse, y eso no es un tema del día para otro", comentó a la AFP Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación. (I)