La contaminación ambiental provocada por la minería ilegal merece una sanción fuerte y dura, equivalente a la magnitud de los daños, afirmó ayer el presidente peruano del Poder Judicial, César San Martín.

El titular precisó, en declaraciones a la prensa, que el delito de contaminación ambiental afecta a la comunidad en general y por eso es tan grave.

Elogió la decisión gubernamental de promover una norma que sancione esa actividad ilícita, a lo que agregó que le corresponde al Poder Judicial aplicar la ley para condenar a los culpables, luego de un debido proceso.

Indicó que, a partir del cumplimiento de la tutela efectiva, la presunción de inocencia y la garantía de la defensa, hay que ser muy duros ante hechos acreditados e imponer un castigo en correspondencia con la magnitud del agravio que sufre el país.

En su opinión, la pobreza o la falta de trabajo no puede ser una coartada para atentar contra bienes tan importantes como el medio ambiente o la salud pública.

Perú reconoció recientemente que la minería ilegal está presente en 21 regiones costeras, serranas y selváticas en una situación descontrolada.

En particular, ese delito es común en la zona de Carabayllo, Lima, además de otros enclaves en Puno, Madre de Dios, La Libertad, Piura, Chala, Nasca, Palpa.

Sus consecuencias económicas están calculadas entre los 250 y 500 millones de dólares en pérdidas anuales, por lo que el  Ejecutivo emitió recientemente decretos legislativos para erradicar un problema tan serio.

Según estimaciones oficiales, cerca de  30 mil hectáreas de bosques amazónicos han sido afectadas por la minería ilegal de oro en Madre de Dios, que vierte mercurio y otros químicos contaminantes en los ríos y terrenos aledaños.

San Martín aclaró que el órgano encargado de la persecución y de la formulación de cargos contra infractores en este delito es el Ministerio Público. (Prensa Latina)