Cuatro empresarios de grandes constructoras peruanas que fueron socias de la brasileña Odebrecht quedarán bajo prisión preventiva, acusados de sobornar al expresidente Alejandro Toledo a cambio de una obra pública, en la primera decisión judicial que alcanza a ejecutivos del país.

"Este despacho considera que se dan los ingredientes de peligro de fuga y obstaculización a la justicia (...) Es proporcional aplicarles prisión preventiva de 18 meses a los cuatro investigados", dijo el juez Richard Concepción Carhuancho en una audiencia la madrugada del lunes.

Los cargos son por colusión y lavado de activos, y la decisión se adopta a pedido de la Fiscalía, ante un posible peligro de fuga de los implicados.

En la investigación están envueltas tres de las mayores constructoras de Perú: Graña y Montero, JJ Camet y la firma ICCGSA, que trabajaron en consorcio con Odebrecht. Graña es una poderosa compañía que cotiza tanto en la Bolsa de Lima como en la de Nueva York.

Por Graña quedan en prisión José Alejandro Graña Miró Quesada, hasta hace poco presidente del directorio de la compañía y uno de los empresarios más emblemáticos del país. También Hernando Alejandro Graña Acuña, exdirector de la firma.

Por JJ Camet, va preso su presidente Fernando Gonzalo Camet Piccone y, por ICCGSA, su director gerente José Fernando Castillo Dibós.

En tanto, Gonzalo Ferraro Rey, expresidente ejecutivo de Graña y Montero, quedará bajo arresto domiciliario en una clínica, por un cáncer que lo aqueja.

Según la acusación, las firmas peruanas, junto con Odebrecht, compartieron el pago de un soborno de 20 millones de dólares entregado al expresidente Toledo (2001-2006), a cambio de ganar la licitación para la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil.

Las empresas peruanas habrían colaborado con 15 de los 20 millones del soborno, según las investigaciones.

Fue el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien confesó el pago como parte de un acuerdo de colaboración premiada, según lo detallado por la fiscalía.

El fiscal que investiga el caso "Lava Jato" en Perú, Hamilton Castro, explicó que las constructoras peruanas disfrazaron el pago del soborno a través de una cesión de utilidades a Odebrecht, como reembolso por el dinero que la brasileña ya le había entregado a Toledo.

Las compañías peruanas niegan ilegalidad. Sus abogados aseguraron que ese pago fue una compensación al liderazgo que Odebrecht tuvo en la negociación y adjudicación de la obra, y por "riesgos adicionales".

Los abogados de los empresarios investigados apelaron la decisión, pero anunciaron que sus patrocinados se entregarán voluntariamente.

Se trata de la primera decisión de este tipo que implica directamente a grandes empresarios en Perú, donde varios políticos ya son investigados.

Odebrecht, activa participante en el escándalo de pago de sobornos a políticos y autoridades a cambio de obras públicas, conocido como "Lava Jato", admite que desembolsó en Perú sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014.

Sus confesiones han llevado a prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y a su esposa, por presuntamente recibir tres millones de dólares para su campaña electoral de forma irregular.

En tanto, la justicia peruana ha solicitado la extradición del expresidente Alejandro Toledo, desde Estados Unidos, por el caso de la ruta interoceánica.

Varios funcionarios del segundo gobierno del expresidente Alan García (2206-2011) también están presos, por supuestos sobornos para otorgar la construcción de una línea de metro.

Recientemente se dispuso el impedimento de salida del país de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, a quien Odebrecht también habría financiado una campaña.

Las confesiones del preso exdirector ejecutivo de la constructora brasileña, Marcelo Odebrecht, según filtraciones de algunos medios de prensa, también mencionan a la líder de oposición Keiko Fujimori y al propio presidente Pedro Pablo Kuczynski, ambos investigados en el Congreso. Todos niegan los cargos.

A raíz de este caso, Perú aprobó una ley que impide contratar con el Estado a las empresas implicadas en corrupción. Además retiene sus activos para un eventual pago de reparación civil al final de los juicios.

La primera en ser incluida en esta lista fue Odebrecht y, ahora, las firmas peruanas socias de la brasileña.

La norma pone en una difícil situación a las constructoras locales, cuya participación ha sido clave en el auge económico del país de la última década.

Según reconoció el gobierno a mediados de año, los casos de corrupción de Odebrecht le quitarán entre medio punto y un punto de crecimiento al PIB de este año, pues se paralizaron grandes proyectos de infraestructura.

El gobierno espera un crecimiento del 2,8% en 2017. (I)